Expediente Abierto
►Justicia Agraria
Revivir propiedad social, misión de la Procuraduría Agraria
Para reivindicar al campo mexicano, la institución federal que defiende los derechos de los sujetos agrarios implementa acciones para su renovación e impulsa diversos objetivos para incluirlos en el Plan Nacional de Desarrollo
►Por Juan Danell Sánchez
FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO
Vientos de paz social y justicia agraria son anunciados por la Procuraduría Agraria (PA) para los próximos años, después de los más recientes 40 años de inestabilidad, corrupción institucional y abandono del campo mexicano, que lo llevó al rezago profundo en que se encuentra ahora. Esas cuatro décadas corresponden al periodo en que se implementó el neoliberalismo como sistema y corriente de pensamiento económico, para dar nuevos bríos al capitalismo global que, se dijo, resolvería los problemas que aún agobian a México.
La Procuraduría Agraria afirma que se reivindicará al campo mediante un pacto entre la estructura del gobierno, los legisladores, empresarios, ejidos y comunidades, mismo que esta dependencia califica de histórico, debido a que, por primera vez, desde 1983, se hizo una consulta con los ejidatarios y comuneros para construir una estrategia que renueve y fortalezca el impulso del desarrollo del sector social productivo del agro, ubicándolo en el centro de atención e importancia en todos los niveles: legal, jurídico, económico, político y social.
Víctor Suárez Carrera, Procurador Agrario, explicó que, como un primer paso para restablecer al sector agrario, en la dependencia a su cargo se pidió la renuncia de todo el cuerpo directivo, a partir de octubre de 2024, para “limpiarla de la burocracia corrupta que la mantuvo cautiva por más de 30 años y que estaba en combinación con personal del Registro Agrario Nacional (RAN), algunos legisladores, políticos, exgobernadores, presidentes municipales y grandes empresarios. (…) De tal suerte que conformaron una mafia de corrupción que generó la violencia en que vive el medio rural y llevó a la privatización de cuatro millones de hectáreas de propiedad social en condiciones desventajosas para los ejidos y comunidades”.
Víctor Suárez dio a conocer que, por primera vez en la historia reciente, se tomó en cuenta a los productores del sector social del campo, al llevar a cabo el primer Foro de Consulta: Los ejidos y comunidades agrarias en el 2do Piso de la 4ta Transformación; rescate, defensa y revalorización. Al evento asistieron 411 personas y le dieron seguimiento virtual otras mil 453, con un total de mil 864 participantes, entre los que destacan “ejidatarios, comuneros, legisladores, autoridades federales y locales, académicos, investigadores, representantes de organizaciones campesinas y público en general”, y de cuyos resultados saldrá la propuesta agraria para el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.
La información estadística que se dio a conocer, precisa que, en México, el padrón de sujetos agrarios se integra por tres millones 497 mil 262 ejidatarios; un millón 87 mil 372 comuneros; 670 mil 847 posesionarios, y 215 mil 922 avecindados, que detentan la propiedad social comprendida en una superficie de 99.6 millones de hectáreas (el 50.7 por ciento de los 196 millones 437 mil 500 que tiene el territorio nacional), y de las que 82.2 millones son ejidales y 17.4 millones comunales; agrupados en 32 mil 251 núcleos agrarios, de los cuales, 29 mil 827 son ejidos y dos mil 424 comunidades (indígenas).
La propuesta que está en la mesa para reivindicar al sector social del agro, anunciado por Suárez Carrera, destaca reformar el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que reglamenta la propiedad de la tierra) para que en su primer párrafo se incluya el derecho de la nación sobre la propiedad social de la tierra.
Paralelamente, se impulsará la economía social y solidaria (corriente económica en la que se privilegia el valor de uso por encima del valor de cambio, con el fin de crear un mercado equilibrado y justo, en el que la ganancia no sea el objetivo de este, sino la distribución de bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad), “facilitando créditos accesibles para ejidatarios y comuneros”.
A la par, se impulsarán otros objetivos como recuperar el papel central de los ejidos y comunidades agrarias en el desarrollo nacional, dejando atrás las políticas neoliberales de abandono y privatización; reconocer a los ejidos y comunidades como sujetos colectivos de derecho público, con acceso directo a recursos presupuestales, y promover la actualización de sus reglamentos internos y fomentar una cultura de paz en el campo.
También, crear una Banca Nacional de Desarrollo Agrario que otorgue financiamiento competitivo al campo; establecer seguros para ejidatarios y cosechas, reduciendo los riesgos de producción; fomentar proyectos de ecoturismo y conservación de recursos naturales con enfoque comunitario, y combatir el despojo de tierras y regular la especulación inmobiliaria en zonas ejidales.
Además, fortalecer a la Procuraduría Agraria con mayor presupuesto y autonomía para defender los derechos de ejidatarios y comuneros; promover mecanismos de participación en las asambleas ejidales y comunales, asegurando una representación equitativa; impulsar reformas para armonizar las leyes agrarias, ambientales y de desarrollo rural, y establecer estímulos fiscales y económicos para fortalecer la producción en ejidos y comunidades.
Estos son los puntos centrales de las 450 propuestas que se recogieron en el Foro y que se espera sean la columna vertebral de las acciones de la PA para reivindicar al sector rural. La moneda está en el aire.
Víctor Suárez Carrera.
FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO