La sostenibilidad como paradigma del desarrollo ha evolucionado desde que, en 1987, en el informe Nuestro Futuro Común, la Organización de las Naciones Unidas postuló que, en la satisfacción de sus necesidades, la generación presente no debería comprometer la posibilidad de las generaciones futuras para hacer lo propio.

En 2015, esa misma organización formuló la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que definió 17 objetivos que abarcan un amplio espectro de ambiciosos propósitos, que van desde poner fin a la pobreza hasta fomentar la producción y el consumo responsable, así como proteger los ecosistemas terrestres.

El objetivo número nueve está dirigido a estimular la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y la innovación; este objetivo está conformado por seis metas que incluyen el desarrollo de infraestructura fiable, resiliente y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano; la modernización y reconversión de la infraestructura existente para que sea sostenible; así como la adopción de tecnologías y procesos limpios y ambientalmente racionales.

A cinco años de que venza el plazo para el logro de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, el balance es poco alentador. Las complicaciones para la satisfacción de esta agenda abrevan tanto de la amplitud y profundidad de las metas como de su interrelación, ya que la consecución de cada una de ellas debiera efectuarse sin limitar u obstaculizar la de las otras. La materialización de estos propósitos se ha enfrentado, además, a la crisis climática, la crispación del entorno político internacional y los estragos de la pandemia coronavírica.

No obstante, para el desarrollo de infraestructura alineada a los Objetivos del Desarrollo Sostenible han emergido algunas interesantes iniciativas de política pública. En octubre de 2018, por ejemplo, el Banco Mundial puso en vigor el Marco Ambiental y Social, conformado por 10 estándares para evaluar los proyectos financiados por esa institución.

Estos estándares permiten identificar, evaluar y administrar diferentes aspectos de los proyectos de inversión, como los riesgos e impactos ambientales y sociales; las condiciones laborales; el uso de los recursos y la prevención de la contaminación; la salud y seguridad de la comunidad; la adquisición de tierra y las restricciones sobre su uso; la conservación de la biodiversidad; la situación de pueblos indígenas y del patrimonio cultural, así como la participación de las partes interesadas y la divulgación de información.

Si bien, el Marco Ambiental y Social está circunscrito a los proyectos de inversión financiados por el Banco Mundial, sienta un sugestivo precedente para implementar buenas prácticas relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social, cumplir las obligaciones ambientales y sociales nacionales e internacionales, mejorar las prácticas en materia transparencia y rendición de cuentas, así como mejorar los resultados de desarrollo sostenible a través de la participación continua de los interesados, particularmente en el ámbito local.

*Presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas; integrante de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos. [email protected].