En las recientes contiendas electorales se pusieron en juego 20 mil 708 cargos de elección popular, de los cuales, 18 mil 972 correspondieron a autoridades de nivel municipal; entre estas últimas, destaca la elección de Presidente Municipal en mil 808 ayuntamientos de 30 entidades federativas.

Esta estadística muestra el impacto potencial de los gobiernos municipales en la vida de sus numerosos habitantes, para quienes siempre resulta de importancia primordial identificar a quiénes favorece el voto popular en sus respectivas demarcaciones, a fin de resolver los problemas cotidianos que afectan a su comunidad, pues estas designaciones son fundamentales para determinar el entorno que afecta su calidad de vida.

En ese sentido, las expectativas ciudadanas sobre las autoridades municipales y los procesos de gobierno a su cargo se han ido decantando a favor de incentivar una gestión colaborativa sobre los mismos, mediante la participación ciudadana en el planteamiento de políticas públicas y atención de la problemática local, y por medio de soluciones consensuadas, operadas en un marco genuinamente democrático.

Ciertamente, una buena gobernanza municipal requiere no solamente del liderazgo vigoroso de autoridades que brinden un buen uso al poder público del que disponen para cumplir sus funciones públicas, sino que, además, sus acciones favorezcan el acompañamiento de los actos de gobierno, mediante el conocimiento, participación, vigilancia y evaluación de la población que gobiernan, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Esta exigencia implica que las acciones de gobierno cumplan con características tales como: manejo íntegro, eficiente y transparente de los recursos públicos, difusión proactiva de todos los extremos del proceso administrativo de toma de decisiones, mediante el acceso a datos y documentos que las expliquen de manera comprensible, con plena identificación de los responsables que participaron en su emisión, acompañado de una periódica y puntual rendición de cuentas.

Por supuesto, para que haya claridad en el manejo de los asuntos públicos, se deben poner al servicio de la población en general las herramientas necesarias para poder efectuar el seguimiento de los mismos, ya sea de manera tradicional, por escrito en ejercicio del derecho de petición, pero fundamentalmente a través de modernas aplicaciones digitales que sean de fácil manejo, mediante dispositivos electrónicos tanto privados como de acceso público, situados estos en oficinas de gobierno y bibliotecas públicas, con las cuales se procure la más amplia difusión posible de los actos de gobierno, asequibles al mayor número de personas.

Un gobierno transparente implica la construcción de una relación horizontal entre gobernantes y ciudadanos, mediante la cual exista una ágil interlocución con asociaciones vecinales, grupos de comerciantes e industriales, estudiantes, obreros, campesinos y profesionistas, y que, en su dinámica, sea capaz de construir consensos sobre programas de gobierno, seguimiento de avances y evaluación de cumplimiento de políticas y servicios públicos, así como del correcto ejercicio presupuestal.

En la situación de violencia que vivimos en amplias zonas geográficas del país, no podemos omitir la amplia difusión que debe hacerse sobre programas de seguridad pública y fácil contacto con los mandos policiales, agentes del Ministerio Público, así como de garantía de acceso al primer nivel de impartición de justicia.

Generalizar estas acciones hará que el ejercicio de gobierno sin transparencia y rendición de cuentas, tarde o temprano, desaparezca en beneficio de todos.