Cuando usted lea estas líneas, tendremos una clara idea sobre quién será nuestra próxima Presidenta de la República, cómo habrá quedado la conformación del Congreso de la Unión y quién ganó las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Yo, por lo pronto, empiezo a sacar algunas lecciones de la elección y a imaginar los contenidos básicos que deberá tener la nueva reforma electoral que la sociedad civil y los nuevos gobernantes deberían impulsar.

Por principio, una cuestión de método: el proceso electoral mostró los cambios que ha vivido nuestra sociedad, las nuevas formas de hacer política y los efectos de seis años de polarización, promovida por el cotidiano discurso de odio mañanero. Sea quién sea la próxima gobernante, deberá dejar atrás esa práctica y privilegiar el diálogo para construir acuerdos, promover reformas por consenso y gobernar en lugar de destruir. Por eso, la premisa para fortalecer nuestra democracia es abandonar el malhadado “Plan B” y partir de las lecciones que dejó el proceso 2023-2024. Después de todo, la elección se operó con una ley con diez años de antigüedad. Es hora de reconocer que dialogar con todos los actores no empobrece ni demerita, a pesar de que se cuente con amplias mayorías en el Congreso.

En segundo lugar, la elección mostró que están agotados los recursos legales para evitar que el Jefe del Gobierno y los funcionarios públicos intervengan ilegalmente en los procesos electorales y rompan la equidad que debe de caracterizar la competencia. La ley vigente partió de una premisa que resultó falsa: el primero en violar la Constitución que él mismo impulsó fue el Presidente de la República. Fue un error pensar que eso no ocurriría y por lo tanto no se previeron sanciones aplicables a los funcionarios de su nivel. Ese error, dada la experiencia, deberá de corregirse.

En tercer lugar, 2024 mostró que es necesario perfeccionar el sistema de quejas y denuncias que se presentan entre los contendientes. Fue evidente que los tiempos para resolver en el Tribunal Electoral y las sanciones que se aplican, no inhiben la repetición de las faltas ni constituyen correctivos para las prácticas antidemocráticas. Prevaleció la preferencia por pagar una multa que competir dentro de la legalidad. En el mismo tenor, es evidente que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos no genera credibilidad entre la ciudadanía ni confianza en que se respetan las reglas básicas de la rendición de cuentas. El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene larga experiencia en esta materia, pero es hora de perfeccionar las normas y los mecanismos de auditoría y, sobre todo, repensar el tipo de sanciones que deberían de imponerse a las faltas.

Por lo que toca a los procedimientos relacionados con la organización de la elección, existe un sinnúmero de pequeños y grandes detalles que conviene perfeccionar, y que podrían representar economías en el costo de las elecciones. El tema obvio tiene que ver con el voto electrónico, pero si seguimos de cerca la evaluación que deberá realizar el INE de la elección, se encontrarían grandes áreas de oportunidad, cuya solución no afectaría la integridad de la elección y fortalecería la credibilidad.

Finalmente, sobre los órganos electorales habrá que revisar partes de su estructura y la designación de sus autoridades máximas. Tanto el Consejo General del INE como las funciones y facultades de los Organismo Públicos Electorales (OPLEs) serán puestas a revisión para avanzar en su mejoría. El reto es mantener y reforzar el carácter ciudadano de los órganos, al tiempo que se garantiza el conocimiento y la experiencia. Por lo pronto, se me ocurre que, para su nombramiento, debería de haber un grupo amplio de notables permanente, que operara por más de 10 años y que no fuera seleccionado para cada cambio de consejerías electorales.

No sé quién haya ganado la elección, pero si se quiere fortalecer nuestra democracia habrá que empezar a pensar en estos temas.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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