Después de la elección del 2 de junio, algunas cosas quedaron claras: el mandato de las urnas apunta a la continuidad de algunas de las políticas que se han aplicado durante los últimos seis años. Lo obvio es que no todos están de acuerdo, pero la mayoría se inclinó por mantener el esquema de programas sociales desarrollados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso por algunas de las líneas económicas generales, en las que se ha mantenido disciplina, hasta ahora, en el manejo de las finanzas públicas, sin una reforma fiscal importante y con un peso que permaneció estable en los mercados.

Las siguientes lecciones son para la oposición, que deberá definir su estrategia ante la patente minoría en el Congreso de la Unión, en su proceso de renovación, con la carencia de liderazgos visibles que construyan una alternativa convincente de políticas para México. Otras enseñanzas son para la sociedad civil que, a pesar del esfuerzo realizado, deberá valorar sus éxitos (frenó el Plan B) y al mismo tiempo reflexionar sobre la efectividad de sus acciones en materia electoral.

Con todo, el proceso electoral aún no termina y el oficialismo asume un triunfo total, incluso con el control de Congreso. Por eso se inició ya otra batalla: la construcción de una transición tersa, de entrega-recepción sin conflictos, sin condicionamientos de los salientes a los entrantes y en un acuerdo de continuidad con respeto a las estrategias de los ganadores. Eso no parece estar sucediendo, al menos después de los primeros 20 días posteriores a la jornada electoral.

Si bien el mandato de los electores hizo a un lado los problemas de seguridad que vive el país, la notable falta de acceso a los servicios de salud que reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en los últimos años, o el incremento de la deuda pública, la realidad es que esos problemas siguen ahí. Lo mismo ocurre con las 20 iniciativas de reformas legales y constitucionales que presentó el Presidente de la República en febrero de este año y que, tarde o temprano, tendrán que ser desahogadas por el Congreso de la Unión. El elector no priorizó su voto por lo que esas reformas significan, aunque impliquen eliminar los organismos autónomos, incluso al Instituto Nacional Electoral (INE) o concretar la reforma al Poder Judicial para que los jueces se politicen bajo un sistema electoral para su nombramiento.

Lo que no se midió es la importancia para la ciudadanía de contar, periódica y consistentemente con ayudas que le permitan mitigar su problemática cotidiana. Ahora, el problema se traslada a otro terreno. Para los mercados la situación es diferente. Estos sí requieren de certeza jurídica para realizar inversiones de largo plazo y para arriesgar capitales que, si bien les rendirán frutos, también generarán empleos e impuestos. La incertidumbre se convierte en desconfianza cuando la concentración del poder en Morena, AMLO y Claudia, hace evidente que los precedentes de este sexenio que excluyeron a la iniciativa privada se podrían reforzar para privilegiar más obras oficiales. Ante la caída del peso y de la Bolsa de Valores, la respuesta fue ambivalente: Claudia llamó a la reconciliación y al entendimiento, mientras que el Presidente insiste en que las reformas van porque van, incluso si se realiza una consulta.

Como en todo, se requieren hechos y no palabras. El problema es la profunda devaluación de la palabra presidencial. Por los precedentes, nadie tiene certeza que el llamado a una consulta y debate realmente signifique un cambio de posición del gobierno. La promesa de Claudia no es creíble hasta que no se acompañe de una actitud de estadista independiente de su predecesor. Hoy tiene más peso la posición autoritaria del Presidente. Este caso solo ejemplifica que la transición no comienza bien y que en julio se debatirán este y otros temas igual de complejos.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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(figura pública)