La paridad, más allá de un porcentaje de participación política, implica que las mujeres ejerzan el poder para transformar la vida de las mujeres y cerrar las brechas de desigualdad, vista así, la paridad es una apuesta por la democratización del poder.

Es justo reconocer que una estrategia fundamental, de al menos una parte del feminismo, ha sido lograr que las mujeres ocupen los espacios de decisión pública para generar cambios, y este ha sido un esfuerzo constante y gradual, desde la Constituyente Feminista de 1916, que insistió en el reconocimiento del derecho a votar y ser electas (1953), pasando por todos los esfuerzos, leyes, acuerdos, políticas públicas, programas, cuotas y mecanismos para hacerlas efectivas, hasta llegar a la paridad y acelerar el paso hacia la igualdad sustantiva.

Hoy, por primera vez, tenemos una mujer Presidenta de México, congresos integrados paritariamente, 13 mujeres gobernando sus estados y cientos de munícipes; nos parece lejana la fecha en la que se nos reconoció como ciudadanas. Nuestro país es diferente al que vivieron nuestras ancestras, las nuevas generaciones nacieron con derechos conquistados y reconocidos, ello no significa que tengan la vida resuelta, por ello es fundamental siempre reconocer a aquellas mujeres que, desde los gobiernos y desde la incidencia política, impulsaron esos cambios.

Lo personal es político, argumento político feminista, implica que lo privado está condicionado por las relaciones de poder. Así, las mujeres incidieron en la política para legislar sobre las violencias contra las mujeres y sacarla de las cuatro paredes del “hogar” para señalar que el poder público tiene la obligación de prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.

Las mujeres lucharon por el acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos, por decidir sobre sus cuerpos, lo que posibilitó la legalización del aborto en varias entidades federativas. Recientemente, se alcanzó la eliminación del impuesto a los productos de gestión menstrual, para que puedan gestionar su menstruación con dignidad y sin discriminación.

En materia laboral, hasta 1970, el trabajo femenino estaba asociado más al control de los hogares que a la voluntad femenina. Las solteras podían trabajar, pero una vez casadas, se esperaba que se dedicaran a las tareas domésticas. En 1974, se reformó el Código Civil Federal para permitir que trabajaran sin necesidad de permiso de sus maridos, así, hoy en día, ellas deben gozar de los derechos laborales en igualdad de condiciones con los hombres.

Impulsaron el reconocimiento del trabajo del hogar y están en el camino del reconocimiento del derecho al cuidado. Sin embargo, los desafíos persisten, la igualdad de género en el ámbito laboral aún no es una realidad, persisten las brechas salariales, la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo.

Por lo que respecta a la educación, las mujeres han exigido garantías para acceder plenamente a su derecho a la educación, sin estereotipos y estigmas, incrementando su participación en la educación superior, en carreras “tradicionalmente masculinas”.

Adoptar la perspectiva de género en el quehacer gubernamental significa colocarse una lente que permite diagnosticar mejor los problemas y proponer soluciones integrales, que consideren realidades diferenciadas de mujeres y hombres condicionados por su género. La apuesta es construir una sociedad justa, equitativa e igualitaria, y eso nos conviene a todos y todas.

*Política feminista. Consultora en Género y Derechos Humanos en Mujer Ideas Desarrollo e Investigación (MIDI, S.C.).