Datos propios para una inclusión total
El Registro Estatal de Personas con Discapacidad permitirá al estado contar con información contundente para diseñar políticas públicas orientadas a la población más vulnerable
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FOTO: CORTESÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Indira Vizcaíno Silva
Gobernadora de Colima
POR ALICIA VALVERDE
Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, explica que uno de los objetivos de su gobierno, que incluso plantearon desde su campaña, es erradicar la exclusión que padecen los grupos vulnerables de la población, por lo que su compromiso es hacer lo que está dentro de sus posibilidades y capacidades para que todos los colimenses tengan las mismas oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.
Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020, en Colima están registradas 39 mil 880 personas con alguna discapacidad; la cifra ubica al estado en el onceavo lugar con mayor proporción de su población en esta situación, lo que equivale a una participación de 5.5 por ciento del total de la población; aunque la cifra se incrementa hasta 18 por ciento si se considera a las personas con alguna limitación o condición mental.
Pensión universal
Para la mandataria local no necesariamente todas las personas incluidas en estas cifras tienen alguna condición de discapacidad de carácter permanente, “precisamente por ello, decidimos hacer nuestro propio censo, que hemos llamado Registro Estatal de Personas con Discapacidad, en el cual trabajan funcionarios del gobierno del estado y organizaciones como el Instituto Colimense para la Discapacidad y la Junta de Asistencia Privada, quienes tienen un panorama sobre la situación que enfrenta este sector. También participa la Universidad de Colima e investigadores”, indica.
“Para nosotros se vuelve muy relevante tener certeza del número de personas que se encuentran en esta condición. Nos urge tener una radiografía mucho más nítida sobre el tema para que ninguna persona quede fuera de este tipo de programas tan necesarios, pues es una prioridad garantizar que cualquier esfuerzo institucional cumpla sus propósitos.”
Destaca que su prioridad —desde la campaña— es atender a las personas con discapacidad, por lo que hicieron gestiones con el Gobierno Federal para conseguir el mayor presupuesto posible e implementar la Pensión Colima Bienestar, que es una ampliación al padrón que tiene el gobierno de México, que cubre de cero hasta 29 años de edad, “logramos incluir a quienes se ubican entre 30 a 64, pues a partir de los 65 años en automático migran a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Así conseguimos la pensión universal”, puntualiza.
Políticas públicas eficientes
De acuerdo con la administración local, estarían en posibilidades de otorgar cuatro mil 700 pensiones adicionales a las federales y con eso cubrir a las personas con discapacidad de hasta 50 años, sin embargo, al momento de hacer la convocatoria solamente se registró la mitad de ese total, por lo que consideran que las cifras oficiales que maneja el Inegi no son precisas.
“Consideramos que contar con un registro propio y actualizado de personas con discapacidad nos permitirá ser mucho más eficientes en el diseño de políticas públicas, así como en la entrega de apoyos, particularmente para que ninguna persona quede fuera de este tipo de programas tan necesarios”, describe la mandataria.
Para la Pensión Colima, el gobierno central aportó 39 millones 992 mil 400 pesos y una cantidad similar la administración local, con ello, entre agosto y septiembre se entregarán las tarjetas con un monto de 2 mil 800 pesos bimestrales a cada beneficiario. El registro se mantiene abierto.
De acuerdo con cifras oficiales del organismo encargado de publicar la información estadística, del total de las personas registradas en el estado con alguna incapacidad, 5.6 por ciento es del sexo femenino, mientras que en el caso de los hombres esta proporción alcanza 5.3 por ciento.
El primer Registro de Personas con Discapacidad representa un avance en la visibilidad de este valioso sector de la sociedad y será de mucha utilidad para el diseño de políticas públicas en Colima
Radiografía certera
Por su parte, Dulce Huerta Araiza, Secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del estado de Colima, detalla que los méritos de la buena práctica premiada en materia de inclusión para las personas con discapacidad radican en hacer un análisis exhaustivo para conocer cuántas personas del estado conforman este universo y en qué condiciones viven para definir las políticas públicas adecuadas y atenderlos de manera precisa y oportuna.
Detalla que han estado haciendo pruebas piloto y que estarían en condiciones de iniciar el censo entre enero y febrero de 2023, con un tiempo de duración de al menos cuatro meses; el cual se llevará a cabo casa por casa, en coordinación con el Inegi, a fin de que tenga validez oficial. Para su realización usarán una aplicación móvil que les permitirá clasificar los tipos de discapacidad que hay en el estado, en qué circunstancias de vulnerabilidad se encuentran las personas, así como sus antecedentes de salud.
La funcionaria de Colima resalta que la importancia de contar con el Registro Estatal es que permitirá a la administración ser más eficiente en la entrega de los apoyos, con base en las necesidades, y dar puntual seguimiento al recurso que se destine para este fin. Además de que el modelo podría replicarse en otros estados.
En la primera fase desarrollarán la operatividad, posteriormente, presentarán la estrategia en coordinación con el Inegi, el cual les hará las observaciones pertinentes con base en su experiencia, de esa manera, el censo podrá ser tomado en cuenta para la base de datos del organismo.
La funcionaria explica que harán un análisis de cuánto les costaría desarrollar la aplicación móvil para llevar a cabo el registro, o si se tendrán que adquirir tabletas, aunque el programa también puede estar disponible en cualquier celular con sistema operativo Android.
Oferta laboral de grandes empresas
En tanto, María Luisa González André, Presidenta de la Junta de Asistencia Privada (JAP), precisa que el cuestionario que se aplicará durante la encuesta contiene información detallada, a través de la cual se conocerán datos como: nombre, edad, domicilio, diagnóstico, si la discapacidad es de nacimiento y si se tiene más de una. Además de que harán un estudio socioeconómico a las personas, incluyendo preguntas para determinar si reciben o no rehabilitación y la razón de ello.
De igual forma se conocerá el grado de escolaridad y si tiene la documentación que avala los estudios, sobre sus ingresos económicos, quién lo asiste, si tiene servicio médico y de llegar a faltar los padres quién se haría cargo, e incluso, se contará con una georreferencia que les permitirá conocer qué municipio tiene el mayor índice de personas en esta condición para brindar la infraestructura correspondiente, en caso de ser necesaria, como puede ser transporte.
“Con la información recabada se permitirá conocer cuáles son las necesidades de la familia y cuál es el apoyo que requiere del gobierno para definir políticas públicas que ayuden a que su incorporación a la sociedad sea más sencilla. Hasta el momento, no se han definido los apoyos porque no saben de qué tamaño es el problema exacto”, indica.
Comenta que, con base en un diagnóstico que hicieron hace unos años, las instituciones que pertenecen a JAP detectaron que las grandes empresas han hecho convocatorias laborales, pero no han tenido respuesta, “con el registro queremos identificar si no acuden porque no tienen cómo transportarse, no tienen estudios o no cuentan con documentos oficiales”, señala.