Después de la sentencia de la Corte sobre la primera parte del “Plan B”, el Presidente cambió la dinámica de la campaña presidencial de 2024. Más allá de las lamentables acusaciones al Poder Judicial desde la “mañanera”, la respuesta del gobierno fue dar el banderazo de salida a lo que ahora se llama el “Plan C”.

En realidad, no hay nada nuevo en el “Plan C”. Todo consiste en buscar lo que cualquier partido político en el mundo quiere: ganar las elecciones con la mayoría suficiente para implementar sus proyectos. El objetivo para 2024 es ganar la Presidencia, así como la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, cosa que ningún partido ha logrado desde los años 80 del siglo pasado. Recuérdese que la Constitución limita el número máximo de diputados que un partido puede alcanzar a 300 curules. Por eso son indispensables las alianzas si se busca modificar la Constitución.

Lo que el Presidente anunció fue en realidad su decisión de intervenir en la campaña presidencial desde su discurso mañanero, con la compañía de funcionarios públicos que llamarán a votar a favor de los partidos de la 4T. El problema es que hacerlo así es ilegal. El Presidente y los funcionarios públicos no pueden hacer campaña ni llamar al voto a favor de sus partidos. Eso está reservado a los partidos políticos y solo en los tiempos de campaña que establece la ley. De hecho, eso fue lo que buscó cambiar, infructuosamente, la primera parte del “Plan B”. Sin embargo, en los días siguientes a la decisión de la Corte, el Presidente y el Secretario de Gobernación iniciaron el llamado al voto por los partidos afines. La idea es que, antes de que López Obrador deje el poder, se realicen los cambios que no pudo hacer la actual administración. Inició así una batalla que marcará a la campaña presidencial, en la que lloverán las quejas de la oposición, sobre las que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral se pronunciarán.

Llaman la atención las premisas de las que parte el “Plan C”. Se asume que Morena ganará de nuevo la elección presidencial, lo cual coincide con la mayoría de las encuestas de estos días. Se asume también que prevalecerá la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). También eso es factible, aunque difícilmente los partidos chiquitos alcanzarán el mismo número de diputados que los obtenidos en 2021. Finalmente, se asume que la nueva legislatura, que iniciará el 1 de septiembre de 2024, obedecerá ciegamente lo que el Presidente saliente quiera imponer, y no lo que el entrante, que ya estará electo, proponga. ¿Acaso el Presidente López Obrador está anunciando una nueva versión del Maximato? ¿Tendrá Morena la unidad y fortaleza para impulsar un proyecto así? ¿Realmente la llamada 4T constituye un proyecto sólido y convincente para todo el electorado? Cualesquiera que sean las respuestas, ese será el debate político que el Presidente quiere poner en la agenda.

Es un hecho que las llamadas “corcholatas” ya están en campaña, a la espera de que el gran elector decida. Es más, las encuestas que presuntamente realizará Morena para definir su candidatura se anuncian para agosto próximo, independientemente de lo que había anunciado el líder del partido. El propósito es evitar que la competencia entre los aspirantes genere más conflictos en el gabinete y facilitar a quien gane las preferencias su posicionamiento ante el electorado lo antes posible. En esta estrategia lo que menos importa es lo que dice la ley electoral sobre los tiempos, la prohibición de realizar actos anticipados de campaña y las limitantes para hacer uso de recursos públicos en actividades electorales. Sin duda, el INE y el Tribunal Electoral se pronunciarán al respecto. Es ahí donde veremos hasta dónde Morena logró o no, incidir en la toma de decisiones al interior de las autoridades electorales.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)