La iniciativa de Reforma del Poder Judicial presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero, politiza la designación de las personas ministras, magistradas y juezas. Esto incrementa los riesgos de que personas sin los perfiles idóneos sean elegidos para impartir justicia, advirtió la organización México Evalúa.
Foto: SCJN.
Someter a voto popular, y echar por tierra los esfuerzos que se han alcanzado en materia de carrera judicial, implica una regresión a jueces politizados y más susceptibles a cooptación por intereses de poder, señaló la organización. Además de los costos que implica la elección directa de jueces y juezas en todas las materias (civil, penal, laboral, mercantil) y por todo el país.
“La iniciativa carece de un plan de implementación que haya evaluado factibilidad, costos y gradualidad.”
A partir de un análisis de la reforma, México Evalúa identificó temas que deben abordarse en las discusiones públicas. Adicionalmente, señaló la organización, se generó un panorama, considerando el seguimiento a los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial organizados por el Congreso de la Unión.
De esta forma, agregó, la elección de cargos judiciales por voto popular no está recomendada a nivel internacional. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas.
La imparcialidad de las personas juzgadoras es una obligación del Estado mexicano suscrita en diversos instrumentos internacionales y es indispensable para la protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y el funcionamiento de la democracia.
La CIDH destaca que todo proceso de nombramiento debe considerar los méritos y calidades del aspirante. Se debe seleccionar a los jueces exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar.
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La reforma propuesta podría deteriorar la imparcialidad e independencia de los tribunales porque serían ocupados por personas elegidas popularmente pero sin los atributos idóneos para impartir justicia. Asimismo, la reforma que propone el Ejecutivo no tiene una visión sistémica y tampoco se basa en una visión diferenciada entre las necesidades del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales.
El 60 por ciento de los casos están en los poderes judiciales estatales, es decir, el foco de los problemas de justicia está en las entidades federativas. En cambio, la reforma constitucional y su difusión se ha enfocado al Poder Judicial Federal, cuyos problemas de funcionamiento son completamente diferentes a los de los estados del país.
Las entidades federativas tienen problemas más acentuados de cooptación política, susceptibilidad a espacios de corrupción, bajos presupuestos, entre otros. En ese sentido, se propone diferenciar entre los problemas de la justicia federal y de la estatal.
El acceso a la justicia podrá mejorarse mediante una reforma integral al sistema de justicia que propicie estructuras más profesionales, con mayores recursos y que abarque a todas las instituciones, y no sólo al Poder Judicial.
La puerta de entrada al sistema de justicia empieza en las policías (que muchas veces no tienen condiciones laborales justas), continúa en las fiscalías (que no han transitado a investigaciones profesionales e independientes de injerencias indebidas), sigue en defensorías públicas debilitadas, y deriva en cárceles sin un sentido de reintegración a la sociedad.
Si se propone una reforma a la justicia mexicana, debe ser atendido el sistema de instituciones en su conjunto y no sólo del Poder Judicial.
Propuestas en 7 puntos clave
México Evalúa propuso siete puntos claves para una discusión seria a la Justicia en México:
- Establecer mecanismos de designación que garanticen la idoneidad de los perfiles, desarrollando perfiles de preselección y acotamiento a algunas posiciones de Poderes Judiciales.
- Fortalecer la justicia local.
- Enfocar la reforma de modo que esté centrada en las personas usuarias y operadoras.
- Impulsar la participación ciudadana y el acceso al sistema de justicia.
- Establecer garantías presupuestales que permitan a los poderes judiciales operar con eficiencia.
- Garantizar la independencia de las instancias de disciplina y control interno.
- Impulsar el desarrollo de políticas anticorrupción efectivas al interior de los poderes judiciales.
La organización aseguró, en este sentido, que aminorar algunos de los efectos nocivos de esta reforma es posible si se entra a la discusión a fondo y desde diferentes ópticas a los puntos señalados.
“Si queremos avanzar hacia un país justo y democrático, es preciso que las instancias del Estado no utilicen demandas legítimas de la población para alcanzar objetivos políticos.
Hacemos un llamado a las y los legisladores a profundizar en la discusión de estos temas y dar el tiempo necesario para debatir antes de plasmar los resultados en la reforma constitucional, dado que, el objetivo no debe de ser otro que servir de base para el sistema de justicia que merecemos las y los mexicanos.”
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