En el ámbito de los comicios electorales del próximo 2 de junio, se han reportado 14 asesinatos de políticos, funcionarios o aspirantes a cargos públicos para el actual proceso; además de otros actos de violencia política.
Foto: Integralia.
La violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupos de ellas, para intimidarlos. Ante esta situación Integralia presentó el “Primer reporte de violencia política”, en el que se muestra principalmente la presencia del crimen organizado en los municipios.
El estudio, muestra que las disputas entre grupos criminales por el control de los territorios se han intensificado a lo largo del último sexenio, de acuerdo con Data Cívica, de 2018 a 2023, las víctimas de violencia político-electoral incrementaron 235.7 por ciento.
Asimismo, se identifica a Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos como las seis entidades en la categoría de riesgo muy alto de violencia para el proceso electoral, sobre todo por presencia del crimen organizado.
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En el estado de Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene el control de aproximadamente 80 por ciento de los municipios de la entidad, donde administra toda clase de economías a través de jefes de plaza.
Mientras que, en las fronteras con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, mantiene disputas, respectivamente, con el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Santa Rosa Lima Dicha.
Además, en el reporte se identifica que grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales en cualquier momento; sin embargo, las elecciones son un evento ideal para la presencia de la autoridad criminal para operar con plena impunidad, diversificar sus actividades, y neutralizar a sus rivales.
Hay cinco mecanismos, por los que grupos criminales intervienen en las elecciones; violencia política, consiste en amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios públicos, precandidatos o candidatos para obligarlos a cooperar.
Financiamiento de campañas, aportación de recursos económicos para costear las campañas de sus candidatos; imposición de candidatos; movilización o inhibición del voto, entrega de despensas, dinero en efectivo, amenazas a la población para incrementar o disminuir la votación y beneficiar a candidatos vinculados con grupos criminales.
Intervención en casillas, destrucción de boletas, casillas o instalaciones electorales, así como amenazas y agresiones al personal electoral.
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