¿Estimado lector, es posible un buen gobierno sin corrupción? ¿Se lo imagina? Prometer ejercer un buen gobierno, cae en las eternas frases comunes de políticos y administradores públicos que escuchamos con desgano, aunque ciertamente no sin esperanza, a pesar de los frecuentes fracasos de ese compromiso.

En lo más recóndito de nuestro ser, esperamos que algún día, por fin alguien cumpla esa promesa.

La nueva administración de la Presidenta Sheimbaum pone otra vez ese proyecto en la mesa y como primera medida expide carta de defunción a la Secretaría de la Función Pública, para proponer en su lugar la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SEANBUENGOB)

Como carta fuerte para cumplir la promesa, la Presidenta envía nada menos que a Raquel Buenrostro, con fama de mano dura y constructora de resultados tangibles. Veremos si reafirma su fama, o ésta cae al precipicio del olvido.

Los pasos fáciles están dados, el nuevo nombre de la entidad pública, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y en esta veloz legislatura, con certeza muy pronto verán la luz las reformas a leyes reglamentarias. Toda esta ruta muy conocida, por ser la usualmente recorrida.

Pero después viene lo difícil, hacer realidad los derechos humanos de salud, vivienda, seguridad pública, justicia, empleo, educación, cultura, transparencia, etc., porque de eso precisamente trata el buen gobierno, consistente en la articulación de políticas públicas capaces de hacer realidad esos derechos humanos para los mexicanos, con administraciones poco más que eficaces.

Y no, Raquel Buenrostro no se vestirá de Guardia Nacional, de doctora o de profesora, pero la transversalidad de la SEANBUENGOB a su cargo, será responsable de que las políticas públicas que planteé esta administración, encuentren para su materialización el campo fértil de una adecuada gestión pública, guiada por la virtud de ejercerse con integridad y eficiencia.

SEANBUENGOB tendrá la misión de transformar sus iniciales más que en un mandato para miles servidores públicos, en una mística para ejercer sus encargos con lealtad al servicio público, guiados por acciones imparciales de gobierno planeadas, dirigidas y concretadas en llevar beneficios a la generalidad de los mexicanos, según la condición de atención particular que los distintos estratos sociales requieran. Alguien lo escucha fácil?

En ese proceso, se propone dignificar a los servidores públicos, lo que por supuesto no puede omitir la inclusión del respeto a sus logros e interés en incrementar su propia profesionalización y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones; sería sensato evitar mensajes contradictorios en el preciso inicio de un período de gobierno, evitando despido de cientos de servidores públicos, desmontando con ello los pocos avances del servicio civil de carrera.

La compleja tarea por asumir requiere blindar el adecuado ejercicio de recursos públicos, para dar viabilidad al cumplimiento de planes, programas y metas, lo cual requiere experiencia potenciada por controles, honestidad y transparencia. Aquí debe recordarse, que cada reserva de información sobre proyectos públicos alejándolos del escrutinio de la sociedad, no solo incrementa los riesgos de corrupción alentando la distracción del dinero público, sino que también desincentiva la participación ciudadana en lo público, retarda la construcción de ciudadanía indispensable para el fortalecimiento social y la proyección de un México moderno fincado en el empoderamiento general de una sociedad interesada en el mejoramiento de lo público.

En ese curso, de nada y a nadie sirven los expertos y menos los inexpertos que anhelan sumarse a la función pública para que a costillas de la hacienda pública incrementen a la mala su propio patrimonio y el de la camarilla a la que pertenecen, de manera que los riesgos de corrupción además de controles y alertas bien diseñados para su mitigación, desde la incorporación de una persona aspirante a convertirse en servidora pública, requieren de una rápida contención, montada en investigaciones y en su caso de procedimientos sancionatorios desahogados con eficiencia y rapidez, ante la presunta infracción a disposiciones que rigen el servicio público. Resulta imperativo recordar, que la justicia tardía alimenta exponencialmente la impunidad, por lo que desembarazar de formalismos la justicia administrativa y penal, sin violentar derechos humanos, es parte fundamental y estratégica en la lucha contra la corrupción.

Es indispensable repudiar a aquellos particulares y a los malos servidores públicos que codiciosamente anhelan situarse en los grandes flujos de recursos públicos que se ejercen en las contrataciones públicas, pues tolerar su inserción en el proceso de la toma de decisiones de adjudicación de contratos, aumenta costos en adquisiciones, obras o servicios, que alimentan comisiones y privilegios inconfesables, en detrimento de los intereses de la colectividad.

Nada de lo aquí dicho está reservado a grandes iniciados en la administración pública, todo es del dominio público y notorio para quienes respetamos lo público, dentro o fuera de la función pública,  sin embargo, mucho de lo pernicioso permanece sin freno, estorbando a lo positivo que no acaba por prevalecer, deshacerse de ello no requiere una voluntad política que nunca se ha necesitado, lo que en verdad siempre se ha requerido es exigir que prevalezca el imperio de la ley, sujetarse a ella y cumplirla, separar a quienes sistemáticamente la violentan, porque de nada sirve multiplicar los principios que supuestamente deben regir el servicio público, en leyes, reglamentos o manuales, si  continúan violentándose los constitucionalmente dispuestos desde 1982, como tributo rastrero al ejercicio del poder depredador y autoritario.

Veremos si el tiempo de mujeres, del que hablan Sheinbaum y Buenrostro, tiene la virtud de generalizar una cara distinta, honorable, seria y limpia, tal como debe ser el ejercicio del servicio público, para bien de nuestro país.

*MTRO. JOSÉ MARCO ROMERO SILVA. Master en Compliance Fraude y Blanqueo; Especialista en Sistema de Responsabilidades de Servidores Públicos; Profesor de Marco Jurídico de las Adquisiciones, Servicios y Obra Pública en el INAP.

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