En fechas pasadas hablé del creciente contexto de anomia social y descomposición del tejido institucional; los eventos relacionados con el Operativo Enjambre, son evidencia de la profundidad de las problemáticas que afectan a las instituciones públicas en México, particularmente en los municipios.
El operativo enjambre realizado en 2024, sacó a la luz una de las redes de corrupción y colaboración más preocupantes entre alcaldes, directores de seguridad y el crimen organizado, específicamente en actividades vinculadas al narcotráfico, dicho operativo, liderado por elementos federales, puso en evidencia cómo autoridades locales, elegidas para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, participaron activamente en el fortalecimiento de cárteles en el centro del país.
Foto: FGJEM.
Alcaldes de diversos municipios del Estado de México fueron detenidos por colusión con grupos delictivos, entre las principales acusaciones se encuentran la protección a células de narcotraficantes, el desvío de recursos públicos para financiar actividades ilícitas y la facilitación de rutas de trasiego de drogas y armas.
De igual forma, varios directores de seguridad pública municipal fueron señalados como piezas clave en la operación de estas redes, al garantizar la inmovilidad de las fuerzas locales frente al avance del crimen organizado, en algunos casos, incluso se comprobó la participación directa de estos funcionarios en el tráfico de sustancias ilícitas, extorsión a empresarios locales y la administración de redes de lavado de dinero.
Lo alarmante, no solo radica en la corrupción de estas figuras públicas, sino también en la normalización de su comportamiento dentro del sistema, hechos que lejos de ser excepcionales, reflejan una constante: el debilitamiento institucional que permite al crimen organizado cooptar a quienes deberían representar los intereses de la ciudadanía. Esta situación es agravada por la impunidad, ya que muchas de estas personas ocupan cargos obtenidos por procesos electorales, caracterizados por el clientelismo, la compra de votos y la manipulación de la voluntad popular.
La detención de estos alcaldes y directores de seguridad no es sólo una señal de la infiltración del crimen organizado en las estructuras locales, sino también de la incapacidad del sistema político para contener este fenómeno.
Mientras, las comunidades afectadas enfrentan una doble crisis: la de la inseguridad creciente, alimentada por la complicidad de sus propios gobernantes, y la desconfianza hacia las instituciones, que las deja en un estado de indefensión social y legal.
En este caso, también resalta la urgencia de reconstruir el municipio y sus instituciones, desde la base.
En resumen, la calidad de las personas que ocupan los cargos públicos es un reflejo del estado de la sociedad; por ello, el fortalecimiento de los valores cívicos, la educación ciudadana y la implementación de procesos democráticos más transparentes son esenciales para evitar que el poder sea un botín para intereses particulares.
Los eventos de 2024 muestran que sin reformas profundas y sin una ciudadanía activa y vigilante, el Estado mexicano enfrentará graves desafíos para recuperar el control de las instituciones y garantizar el bienestar colectivo.
La pregunta sigue siendo: ¿estamos dispuestos a transformar nuestras estructuras y a exigir mejores líderes? O, como parece indicar el panorama actual, ¿seguiremos atrapados en un ciclo de corrupción, impunidad y deterioro social?
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