Aun cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se destinan casi 22 mil mdp a diversas instituciones para estimular la igualdad de género, el país y la sociedad tienen un largo trayecto por recorrer para erradicar la desigualdad.
México ha dado pasos grandes y pequeños hacia adelante para lograr la igualdad, pero en algunas áreas como las mencionadas han sido casi nulos y en ocasiones en retroceso.
Hacia adelante, nuestro país firmó y ratificó, desde hace algunos años, los dos tratados principales a favor de los derechos de las mujeres: la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer y la Convención de Belém do Pará. De éstos derivaron dos leyes federales: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; a su vez, éstas dos leyes se han armonizado en las legislaciones de las entidades federativas, e incluso la mayoría cuenta con sus respectivos reglamentos. Se tiene pues, el marco jurídico suficiente y a nivel nacional para que las autoridades puedan actuar, ninguna puede decir que está impedida para aplicar el Principio de Igualdad ante la Ley que señala la Constitución Federal en su Artículo 4°.
Presupuesto para sensibilizar
Además de esta normativa, la Cámara de Diputados ha destinado mucho dinero para que las instituciones gubernamentales realicen acciones que procuren la igualdad; de hecho, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), anualmente se asigna una partida que crece año con año. Así en 2009 destinaron cerca de 9 mil millones de pesos (mdp) y para 2014 se llega a los 22 mil mdp. Que no se diga que las cosas no se hacen por falta de dinero.
Las preguntas que saltan de inmediato son: ¿Qué se ha hecho con tanto dinero? ¿En qué se ha gastado? ¿Quién lo ha ejercido? ¿Cuáles han sido los avances?
De los datos publicados por algunas dependencias, se desprende que la labor principal ha sido la de “sensibilización”, es decir, se han dado pláticas a todas las autoridades gubernamentales a través de la llamada “transversalización de la perspectiva de género”, y a muchas asociaciones civiles y comunidades rurales para concienciarlos sobre los derechos y libertades de las mujeres. También se ha gastado este presupuesto en apoyos económicos a las asociaciones que presentan proyectos específicos para beneficio de las mujeres de una comunidad y presupuesto para los llamados mecanismos o institutos de la mujer, de cada entidad federativa y de algunos municipios. El dinero para dichas acciones en buena medida lo ha ejercido el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Lo demás, ha sido para que cada dependencia gubernamental abra una unidad de género e implemente trabajos tendientes a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, así como evitar actos de discriminación o violatorios de derechos humanos hacia las mujeres que trabajan al interior de la institución y por supuesto hacia la ciudadanía.
Es fácil imaginar que ha sido una labor costosa y que ha llevado mucho tiempo, pues no inició en 2009, sino años antes. Sin embargo, este esfuerzo no parece rendir los frutos que se quisieran en todos los campos, pues en el rubro de la violencia hacia las mujeres, el propio Inmujeres deja ver en su página web que la violencia hacia la mujer por parte de su pareja ha ido en aumento.
Trabajo por hacer
Aunque dicha afirmación no es exacta, pudiera servir para que el Congreso siguiera aumentando el presupuesto anual para la igualdad. Sin embargo, hay otros datos donde se desprende que efectivamente hay un aumento de la violencia, pero en la emocional y económica (debe considerarse, sin demeritar, que la violencia emocional abarca insultos, amenazas, celotipia, intimidaciones, humillaciones, burlas, aislamiento e infidelidad, constituyendo un amplísimo listado de actitudes), mientras que la física y sexual disminuyeron. Esto podría indicar que para la violencia que aumentó, las estrategias seguidas no funcionaron, o las féminas consideran más actitudes como violencia; mientras que para la violencia física y sexual sí dieron resultados.
No obstante, la violencia en el trabajo, cuya medición es casi nula o precaria, se traduce en hostigamiento y acoso sexual o laboral, la falta de apoyos para las madres trabajadoras, la discriminación en los ascensos y la disparidad de los salarios para un mismo puesto. Es sorprendente que subsistan estas situaciones cuando el número de mujeres en éste ámbito es creciente.
El reto básico inmediato de México consiste en erradicar las prácticas discriminatorias y de violencia hacia las mujeres en el ámbito gubernamental. Ya tenemos a los servidores públicos, la petición hecha, la normativa y el presupuesto asignado ¿Qué nos falta para dar el paso?
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