En los últimos años, algunos estados han conformado unidades de policía cibernética para hacerle frente a los delitos cometidos a través de Internet. Veracruz, Chihuahua, Jalisco, el Estado de México y el DF son algunas entidades que ya cuentan con este tipo de divisiones
FOTO JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO
Si bien el despliegue tecnológico que se muestra en las series policiacas de televisión para esclarecer un crimen aún dista mucho de la realidad, en los últimos años las instituciones de seguridad en el país han apostado por crear unidades técnicas especializadas en la investigación de elementos probatorios de los ilícitos. Se trata de las policías científicas. La conformación de estos equipos en el país ha sido paulatina y se ha enfocado principalmente, en el combate a delitos cometidos a través de Internet. Un ejemplo es la Unidad de la Policía Científica Preventiva de Veracruz, cuya creación fue aprobada en octubre de 2013 por el congreso estatal. Una de las principales motivaciones de formar cuadros similares tiene que ver con que cada día, más de un millón de cibernautas en el mundo son víctimas de ataques por computadora o mediante dispositivos móviles, los cuales pueden ir desde enviar virus electrónicos, ciberbullying, robo de identidad e información, hackeo de cuentas, fraudes y hasta el uso de redes sociales para consumar ilícitos como trata de personas y secuestros.
Según el Reporte Global Cibercrimen Norton, elaborado por la empresa de software Symantec en 2013, dichos ilícitos deja- ron pérdidas económicas de por lo menos 113 mil millones de dólares (mdd) ese año, de los cuales, 3 mil mdd corresponden a México. Ese panorama da cuenta de que si bien la tecnología se ha constituido en un herramienta para el desarrollo de cualquier sociedad, también es cierto que sus alcances han sido aprovechados por bandas criminales para lesionar a empresas, personas e incluso gobiernos. Uno de los primeros antecedentes en México es la puesta en marcha de la División Científica de la Policía Federal, en marzo de 2012, para prevenir deli- tos de diferente naturaleza mediante la aplicación de técnicas y herramientas científicas. Un año después, en abril de 2013, el gobierno del Distrito Federal (GDF) imple- mentó la unidad de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), enfocada en combatir los ilícitos cometidos a través de Internet. Miguel Ángel Zamora Piña, director ejecutivo de la subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de dicha dependencia, explica que el objetivo de esta división consiste en prevenir y sancionar delitos que se comenten a través del ciberespacio, como robo de identidad y pornografía infantil, para lo cual, los efectivos han recibido capacitación en España y próximamente en Alemania, Canadá y Corea del Sur. En menos de un año, los efectivos que trabajan en esta división lograron el cierre de casi 50 sitios de pornografía infantil, así como la identificación de fraudes a través de teléfonos celulares y extorsiones por Internet.
UNIDADES EN AUMENTO
Debido a que en la web no hay fronteras, el funcionario destaca la necesidad de hacer obligatoria la creación de ese tipo de cuerpos policiacos en las diferentes entidades del país para lograr un frente común, pues muy pocos estados se han sumado a esta sinergia.
En Veracruz, por ejemplo, el congreso local aprobó cambios al Código Penal con el fin de darle herramientas jurídicas a la Unidad de la Policía Científica Preventiva, mediante sanciones que van de 10 a 20 años de cárcel y multa de hasta 700 días de sala- rio mínimo a quien, mediante el uso de internet, telefonía o cualquier tecnología, hubiese contactado y propuesto un encuentro a un menor de edad.
Chihuahua, Jalisco y el Estado de México son algunas de las entidades que también cuentan con unidades de combate al crimen en la web.
Casi 75 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años, aunque los niños juegan cada vez un rol más importante. Un botón de muestra es que a pesar de las restricciones de edad que aplican las redes sociales, 60 por ciento de los menores de 13 años las utiliza.
Por ello, el funcionario refiere que la policía científica no sólo se limita a investigar ya que en el último año ha visitado 250 escuelas para conocer los hábitos de navegación de los menores e identificar posibles riesgos. La colaboración de la familia es importante para evitar que los niños sean blanco fácil de los delincuentes, por lo que también ha impartido 48 pláticas a padres de familia con el fin de que se involucren más en las actividades de sus hijos frente a la computadora y conozcan qué sitios visitan y con qué tipo de personas interactúan a través de la red.
“En México hay cerca de 5 millones de chicos de entre 7 y 12 años que usan Inter- net y la mayoría no cuenta con supervisión de sus padres”, apunta.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Leobardo Hernández Audelo, experto en seguridad informática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera urgente implementar esfuerzos similares en todo el país, considerando el retraso de casi 25 años que México tiene en la materia.
“El apogeo de Internet comenzó a principios de la década de 1990 y en 2014 apenas estamos implementando este tipo de unidades”, refiere el también coautor del libro Seguridad de la Información, el primero publicado en el país sobre este tema. El académico considera que el éxito de las policías científicas dependerá en gran medida de que se incorpore personal altamente capacitado a sus filas, es decir, no egresados de carreras vinculadas a la computación, sino graduados de maestrías con especialidad en seguridad informática, pues advierte que el crimen organizado cuenta con personas muy competentes que saben cómo ata- car los sistemas. “Hace unos años se armó un escándalo cuando surgió la Ley Federal de Protección de Datos Personales y uno de los principales motivos fue que en Tepito se podía con- seguir la base de datos del Instituto Federal Electoral (IFE) ¿Qué quiere decir eso? Que las autoridades encargadas del res- guardo de información confidencial no tienen idea de cómo evitar que caiga en manos de grupos delictivos”, advierte.
El doctor en Derecho, Roberto Andrés Ochoa Romero, destaca las ventajas de contar con un marco legal que respalde la operación de las policías científicas, así como la suma de cada vez más autoridades estatales, lo cual coadyuvará a la estrategia nacional que anunció el Gobierno Federal en contra de delitos como el secuestro, entre otros.
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