No obstante, esta relación tiene algunas modificaciones cuando los datos se traducen a dinero: la capital se mantiene a la cabeza, pero en esta ocasión es seguida por Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas. “Justamente en el estadochihuahuense se da el mayor incremento en captación de recursos con un incremento de 420.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este dato es congruente al considerar que la entidad federativa más grande del país también es el primer exportador de manufacturas y el segundo en maquiladoras instaladas, como es el caso de las empresas Lear y Heil Trailer, cuyas plantas de producción representan en conjunto 36 millones dedólares (mdd).”

Comenta que la política implementada por algunos estados busca dar facilidades para atraer empresas extranjeras. Esto va de la mano con la creación de clusters sectoriales, como Nuevo León en el sector transporte y logística; Coahuila con las ramas médica, aeroespacial y de biotecnología, entre otras; Aguascalientes con automotriz; Querétaro con tecnologías de la información (TI) y Guanajuato también con la industria automotriz. De hecho, en este último, el gobierno estatal donó a Honda de México un terreno en disputa de cuatro hectáreas para que ahí
estableciera una planta de transmisiones.

En el último año Japón se convirtió en el principal socio económico de Guanajuato con una inversión en la entidad
de 1,646 mdd a través de 36 proyectos, entre ellos la instalación de las armadoras Honda y Mazda. Con ello, el país asiático alcanzará una generación de empleo de 11 mil 476 plazas.

Según datos de la Secretaría de Economía (SE), actualmente hay casi 1,400 empresas con capital italiano en el país, como son Fiat, Bulgari y Barilla, entre otras. Estas sociedades tienden a instalarse en San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Guanajuato y también en el estado de Hidalgo, donde la percepción de seguridad es más favorable.

¿De dónde viene el dinero?

El monto de la IED registrada de enero a marzo de 2013 es 14.1 por ciento mayor a la reportada en el mismo periodo de 2012 (4,372.4 mdd). Entre los principales inversionistas se encuentran sociedades mexicanas con IED en su capital social, además de fideicomisos y personas morales extranjeras.

La cifra de IED se integra por 3,068 mdd de reinversión de utilidades y 2,200.3 mdd de cuentas entre compañías. Es importante destacar que hubo una disminución de 280.7 mdd de nuevas inversiones al comparar ambos periodos.

Los 4,987.7 mdd de IED se canalizaron a la industria manufacturera (65%); comercio (18.1%); servicios profesionales, científicos y técnicos 4%); minería (3%); construcción (2.2%) y otros sectores (7.7%).

La IED provino en su mayoría de Estados Unidos (49%), Alemania (12.4%), Japón (11.4%), España (6.8%), Países Bajos (5.7%) y Canadá (4%), mientras que el restante 10.7% tiene origen en otros países.

Los más atractivos para la IP

De acuerdo con la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía (SE), el DF se ubica como la entidad federativa que atrajo a un mayor número de compañías extranjeras (571), seguida por Baja California (305), Chihuahua (174), Tamaulipas (141), Nuevo León (111) y el Estado de México (86).

Por su parte, los estados de Hidalgo, Michoacán y Quintana Roo sólo pudieron «conquistar» a una firma cada uno, mientras que Colima se reportó en cero.

Entre los estados con mayores montos de IED durante el periodo enero-marzo de 2013, tenemos que la Ciudad de México
atrajo 1,006.1 mdd, Chihuahua 835 mdd, Nuevo León 599.1 mdd, Puebla 509.6 mdd y Tamaulipas 349.9 mdd.

Los efectos negativos de la IED

Enrique Dussel, investigador y autor de La inversión extranjera directa en México: desempeño y potencial, destacó que si bien la IED puede tener efectos positivos, pues permite la transferencia de tecnología y el mejor uso de los factores productivos, lo que resulta en un incremento de la competitividad del país; también pueden desencadenarse
condiciones negativas, como “el desplazamiento de la inversión privada, la falta de promoción de difusión tecnológica y la generación de enclaves en los países en que se instala”.

“En México, por el monto de IED dirigido a manufacturas y por su ubicación mayoritaria tanto en entidades fronterizas, como en otras localizadas en el altiplano central, es muy probable que exista algún tipo de ganancia en cuanto a transferencia tecnológica y competitividad. También puede concluirse que la alta concentración de IED
en la capital del país da muestras del interés por el desarrollo del mercado interno, pues esta zona se trata del mercado urbano más importante de la nación. Además, debe considerarse la consecuente generación de empleos, dado el alto número de empresas que presentan la inversión.”

Sin embargo, la concentración espacial y su modelo de negocios sugieren la existencia de efectos negativos. Por una
parte, la IED se sitúa en entidades donde se encuentra el modelo IMMEX (Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), que se enfoca en importar materias primas para procesarlas y exportar bienes finales, “lo cual implica que la industria nacional aún no logra incorporarse de modo exitoso como abastecedora de insumos, condición que limita la difusión tecnológica”.

A la par, la IED se localiza en entidades con alto turismo internacional o en las dedicadas a la minería, en un contexto de precios elevados de materias primas. Respecto a la IED en servicios financieros podría interpretarse que ha desplazado a la inversión local. “Si se desea aprovechar de una mejor manera la IED, es menester reducir sus efectos negativos, para lo cual se requiere una nueva política económica que privilegie el impulso al desarrollo
de las entidades menos favorecidas por la inversión externa y de sus diversas actividades económicas.”

Acciones concretas

Raúl de Luna destaca que su administración ya comenzó a poner en marcha ciertas medidas para incentivar la contribución.

Hasta ahora, se han aplicado descuentos de hasta 50 por ciento en recargos, así como la condonación de multas. Sin embargo, explica que este tipo de medidas no son suficientes si no hay apoyo del Gobierno Federal.

A la difícil situación que atraviesa el municipio, debido a la mala percepción de recursos, se añade el problema de su deuda. De Luna Tovar declara que existen pasivos de 3,500 mdp. “Cuando yo terminé mi mandato en 2010 no dejé deuda, tengo mi constancia que así lo acredita. Y ahora llegamos y nos encontramos con esto.”

Para liquidar los compromisos, el funcionario refiere que ya inició una política de austeridad que reducirá el gasto por concepto de nómina de 600 mil a 450 mil pesos por mes, lo que significa un ahorro de alrededor de 2 mdp al año.

Respecto a los diversos proyectos que el munícipe tiene previstos, aclara que se enfocará en crear la infraestructura faltante para proveer de todos los servicios a la población. Refiere que en General Enrique Estrada existen cinco colonias que carecen de servicios como electricidad, agua potable o drenaje, por lo cual realizará
obras por el orden de 30 mdp para cubrir dichas carencias.

Uno de los proyectos que considera prioritarios es la creación de un bordo de abrevadero para dotar de agua a la agricultura y ganadería de la demarcación, que constituyen las actividades económicas más importantes del municipio y que se han visto afectadas por las recientes sequías que han azotado a la localidad. Dicha obra representa una inversión de 1,500 mdp, con lo que se espera ayudar significativamente a dichos sectores.

Más empleo, menos violencia

De Luna Tovar, también ex subsecretario Técnico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), señala que, debido a la crisis económica que se vive en el país, muchas de las personas dedicadas a estas labores han decidido trabajar en otras actividades provocando que los habitantes se muden a Estados Unidos.

Por lo anterior, crear empleos es fundamental en la administración del edil, quien menciona que entre sus futuros planes se encuentra crear un corredor industrial para generar 3 mil vacantes.

“Ya he platicado con varias empresas para que se asienten en el municipio y detonar el crecimiento, así como para darle trabajo a la gente”, comenta De Luna Tovar. Si bien la creación de empleos responde al estancamiento económico de la demarcación, también ayudará a prevenir que problemas de inseguridad se agudicen. El munícipe acepta que en Zacatecas sí hay conflictos de carácter criminal aunque cada vez se han visto menos escenas violentas y agrega que hasta el momento no ha habido ningún problema relacionado al crimen organizado, lo cual espera que se mantenga de esa forma.

No obstante, para contribuir a la paz social creará una unidad deportiva con un costo de 10 mdp en la cual
se desarrollarán actividades como torneos de futbol, con el objeto de contribuir a la integración social y de que
los jóvenes se distraigan con actividades sanas.

Asimismo, planea invertir alrededor de 4 mdp en equipamiento a escuelas, y en mejorar la infraestructura de los planteles para brindar mejores condiciones a los alumnos.

Trayecto independiente

Al referirse a la forma en la que llegó al poder, De Luna Tovar —quien tomó posesión en octubre del año pasado— menciona que decidió postularse en la candidatura en forma independiente ya que no tuvo otra opción. Recuerda que el PAN lo rechazó para competir por el ayuntamiento, pues ya había un candidato preferido.

De esta forma el munícipe es el primer político del país en llegar al poder sin el amparo de ningún partido, lo cual le facilitará obtener recursos de la Federación, ya que podrá gestionar con cualquier fuerza política, declara.

Acerca del proceso de elección, recuerda que una vez que supo del rechazo del PAN, no tenía ánimo para seguir ni recursos económicos. Sin embargo, debido al apoyo de varias personas De Luna Tovar decidió competir en las elecciones de otra manera. Reconoce que el proceso no fue fácil. Las normas del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas obligan a que los candidatos en su posición presenten un documento con el apoyo del 15 por ciento del padrón nominal para participar en los comicios, que en el caso del munícipe representaba 745 firmas. Aunque lo consideró un obstáculo, el alcalde logró recabar más de mil rúbricas.

Respecto a si los candidatos independientes pueden ser influenciados por poderes fácticos, el presidente municipal explica que los partidos son más susceptibles de tener conexiones con el crimen organizado o pactar con empresarios, ya que sólo tienen que convencer a los dueños del partido.

No obstante, la más importante tiene que ver con las elecciones. Aproximadamente, 8 de cada 10 licencias para ausentarse del cargo están relacionadas con la búsqueda de un puesto de elección popular —el llamado chapulinero.

“En México, prácticamente todos los años tenemos comicios; entonces, todos los años se tramitan este tipo de permisos
que terminan por afectar al gobierno en cuestión”, comenta Carlos González, director Ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

¿CON O SIN?

La aprobación de una autorización para ausentarse del cargo público está sujeta a los lineamientos de trabajo de cada gobierno local; sin embargo, en la mayoría de los casos es aprobada sin mayor problema, añade el investigador.

La diferencia radica en si se avala con o sin goce de sueldo. Las principales causas por las cuales se autoriza que el funcionario se ausente de su puesto con una remuneración de por medio es por enfermedad y comisiones. En los demás casos, es raro ver que se aprueben con el salario que hasta ese momento recibía el funcionario.

“En casos de enfermedad, por supuesto que las licencias representan un gasto económico para la administración pública, porque además de erogar el salario del actual titular, hay que pagar el del que llegará a ejecutar sus funciones”, refiere Gustavo López Montiel, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

No en todos los casos llega nuevo personal a sustituir al que se ausenta, pero si la enfermedad indica que requiere de un tratamiento prolongado, lo ideal es traer un suplente que cubra la plaza durante el tiempo que sea necesario.

No obstante, dice Carlos González, no existe una partida de recursos asignada para tales fines. “Nadie presupuesta la salida de un gobernador o de un alcalde en su planteamiento económico. Finalmente, se trata de un gasto contingente que pocas veces, por no decir que nunca, se prevé.”

Por dicha razón, los recursos terminan por salir del gasto corriente. Eso, aunado a que el número de licencias varía año con año y en cada administración, hace imposible conocer qué porcentaje de un presupuesto se destina a esos fines.

“Por supuesto que deben ser cantidades importantes, que podrían destinarse a otros rubros, como el combate a la pobreza y la inseguridad, o bien, a infraestructura, pero como porcentaje de un presupuesto debe ser pequeño”, considera, y agrega que lo ideal es que los gobiernos contraten seguros para este tipo casos, o bien, hacer “un guardadito”.

ADECUAR LAS NORMAS

Sin embargo, en un entorno donde la constante es la poca recaudación, una generación limitada de ingresos propios y alto endeudamiento es una batalla difícil de ganar. Bajo ese entorno, la mayor carga radica en los costos indirectos, que impactan principalmente a la sociedad.

¿Por qué?

De acuerdo con Jesús Sánchez Arciniega, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las licencias de altos funcionarios retrasan los proyectos que se trazaron para una administración.

“Más que el dinero, el costo real de que un funcionario deje su trabajo tiene que ver con los rezagos que se crean en los planes de gobierno”, comenta.

El primer factor es el costo de aprendizaje. Cuando un funcionario se va, la persona que lo sustituye tarda entre tres y seis meses en entender en su totalidad las nuevas tareas. Esto significa una sexta parte de un gobierno municipal.

“Ahora bien, imaginemos un escenario en el que al nuevo encargado de despacho también le interese competir para ser diputado o senador. Estamos hablando de otros seis meses perdidos, porque vendrá otra persona en su lugar a desarrollar el proceso de aprendizaje que el primero vivió.”

En total, sería un año, es decir, una tercera parte de lo que dura una administración municipal, que es donde se registra el mayor número de licencias. Quedan dos años para un plan de trabajo que se trazó para 36 meses.

“Ante ese panorama, lo único que podemos tener son retrasos en obras y proyectos futuros, que terminan impactando en un menor crecimiento y una generación de empleo limitada, es decir, quien termina pagando el pato son los ciudadanos”, expone.

Para López Montiel es difícil cambiar por completo estas reglas, debido a que no hay leyes que las prohíban. Sin embargo, destaca que sí puede haber modificaciones a los marcos normativos que limiten el número de licencias en una determinada administración o en un periodo específico, particularmente en los periodos electorales.

Las reglas dependen de cada congreso local, aunque también se pueden poner candados en las leyes de coordinación fiscal, destaca.

En opinión de Sánchez Arciniega, una alternativa consiste en ampliar los periodos de gobierno de los alcaldes. Actualmente, los alcaldes duran tres años y en algunos casos cuatro. Ampliarlo a cuatro sería una buena opción, además de establecer un calendario electoral mejor coordinado, en el cual todos, o al menos la mayoría de los gobiernos locales celebren sus comicios en un periodo similar.