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El Tequila de 2020

Cada vez que alguien me habla del uso pleno de tecnología en la prestación de servicios públicos, no puedo evitar una visión futurista de ciudades funcionando muy cerca de la perfección y gobernantes administrándolas en forma transparente y con eficiencia.

Imagino una ciudad de cualquier tamaño, donde, para transitar, todos los semáforos están infaliblemente sincronizados; donde si por desgracia ocurre un accidente, se detona una alarma con la que la policía y el hospital más cercanos reaccionan en minutos a la emergencia; donde la ambulancia que traslada a los heridos transfiere en tiempo real el posible daño y signos vitales de los pacientes, de manera que al arribar al nosocomio los médicos saben cómo actuar; donde operan sistemas de trazabilidad que permiten saber quiénes llegan a la ciudad, qué compran, de dónde provienen, etc.; donde las distintas policías comparten bases de datos que les permiten detectar a delincuentes en cuanto hacen una compra o adquieren un servicio; y donde los ciudadanos gozan de los servicios urbanos que requieren, sin sufrir un viacrucis para pagarlos.

Nadie puede objetar este anhelo. ¿Es lejano? Mucho; ¿Es posible? Sí ¿Es factible en México? Definitivamente sí. De hecho ya están puestos los cimientos para que esta ciudad se haga realidad, será la primera en el país, Latinoamérica y el mundo; se llama Tequila, está en Jalisco y es el lugar donde nació la bebida que todos los mexicanos conocemos, que da al país identidad y es sinónimo de tradición.

En el marco de un proyecto de largo plazo llamado “Tequila, espíritu de México”, Héctor Fernández, al frente de la empresa José Cuervo, y Salvador Martínez, director general de IBM, firmaron un convenio mediante el cual esta última dona el trabajo de cinco especialistas que realizan un diagnóstico sobre lo que la ciudad necesita para convertirse en 2020, en un destino turístico, cultural sustentable e inteligente, capaz de recibir un millón de visitantes por año, muy lejos de los 270 mil que llegan actualmente.

Al final del análisis que desarrollan, los expertos de IBM presentarán el dictamen que identifique las necesidades en todos los sectores de la ciudad y el plan estratégico que establecerá las prioridades de acción, tomando en cuenta lo mismo administración pública, que salud, educación, vivienda, seguridad, infraestructura urbana, servicios turísticos, abasto de agua y todo aquello que permita conformar una ciudad interconectada y que funcione eficientemente. Si todo marcha según lo planeado, el plan estratégico se conocerá a finales de este agosto.

Para IBM, la complejidad del proyecto no tiene precedente. Bajo su estrategia Smarter Planet –que consiste en conseguir que, con capacidades tecnológicas, una urbe o país opere con eficiencia–, ha llevado a cabo proyectos inteligentes en Estocolmo (manejo de tráfico); Malta (sistema eléctrico); Río de Janeiro (sistema de gestión de catástrofes); Atlanta (sistema de seguridad). En todos ellos se involucra una sola área, Tequila es el primer ejemplo en el mundo, en el que se toma una ciudad entera y a lo largo de varios años se aplicarán integralmente las mejores prácticas que se han implementado en otras latitudes.

El cúmulo de inversiones que la ejecución del plan estratégico demandará en todos los sectores es enorme y requiere certeza jurídica a través del tiempo.

Para blindar este último punto, José Cuervo, impulsora de esta visión de ciudad ideal, ha hecho la tarea desde hace tiempo a través de su Fundación, bajo cuyos auspicios se creó el Consejo para el Desarrollo Integral de Tequila (CODIT), el 27 de junio de 2013.

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Una función primordial del CODIT, es atraer el interés de inversionistas de todas las áreas, para hacer realidad la conformación de lo que será Tequila en 2020, pero al mismo tiempo la de asegurar que los planes transiten a través de los distintos periodos de gobierno.

El CODIT se fundó para no depender de la voluntad y temporalidad de un presidente municipal, de un gobernador o de un secretario de Estado en el caso del Gobierno Federal. En él participan la firma José Cuervo, los demás productores de tequila, empresarios inmobiliarios, empresarios tequileros turísticos, sindicatos locales, organizaciones civiles, comerciantes de Tequila, el Consejo Regulador del Tequila y representantes de los gobiernos Federal, estatal y municipal.

Copresiden el Consejo Don Juan Beckmann Vidal y el presidente municipal de Tequila, Gilberto Arellano. Asimismo, para lograr un mayor compromiso en torno al desarrollo integral de la ciudad, en el largo plazo, integra también la participación de ex alcaldes, que de esa manera dan seguimiento a la implementación de las obras que ellos autorizaron.

Se trata de una figura excepcional en el país; un órgano que aglutina a la sociedad civil, iniciativa privada y a las tres esferas de gobierno, capaz de dar certeza en la regulación municipal, en la canalización de presupuestos para obra pública por parte del estado y la Federación y en la ejecución transparente y prioritaria de los mismos; todas ellas, acciones que se traducen en un solo resultado: continuidad.

El CODIT es el instrumento que gestiona con las distintas dependencias los proyectos carreteros, de drenaje, electricidad, pavimentación, escuelas, viviendas y otros.

También mediante él se ha creado un ambiente de negocios favorable en el municipio, al que ningún inversionista se puede resistir, muestra de ello son las alianzas que ha logrado establecer con grandes corporativos, como IBM y Banamex, con empresarios locales y con organismos internacionales, como el BID, de cuyo fondo para Ciudades Sustentables se han obtenido recursos para Tequila.

Cierto que el motor principal detrás del CODIT es la Fundación José Cuervo, pero la visión de un destino turístico sustentable comenzó con “el deseo de Juan Beckmann de devolver a Tequila un poco de lo mucho que ese lugar ha dado a la empresa en 258 años de operación” y que él preside desde hace 42.

Fue Don Juan quien ordenó la canalización, en principio, de 50 millones de dólares para las obras de esta primera fase: un hotel, un centro de convenciones, un corredor comercial que albergará empresas locales, un conjunto habitacional y los servicios que ello implica, entre otras obras.

Lo que pasa cuando una gran empresa le apuesta a un proyecto, es que otros grandes jugadores se suman, luego esas grandes empresas juegan entre sí y eso hace que más empresas se sumen y que el gobierno voltee en esa dirección para apoyar.

En lo hecho hasta ahora, la participación privada ha sido mayor a 95 por ciento, pero se espera que los gobiernos Federal y estatal comiencen a invertir paulatinamente. Después de todo, se trata de construir la primera ciudad sustentable e inteligente del mundo.

Gadgets. Agosto 2014

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Tableta Electrónica Toshiba Excite 7c. Posee aplicaciones como AirGet que permite subir documentos a la nube y disponer de ellos desde cualquier lugar y en todo momento; Send & Play, para ver el contenido del equipo en una pantalla de TV, y A/V Remote que permite controlar el televisor, el reproductor de Blue Ray y otros dispositivos electrónicos.

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Alcaldes como de película

Alcaldes. Escándalos, Estilos“No soy boxeador profesional, hago esto para entretener y para ayudarlos; si pierdo, no me quiten su cariño”, dijo a sus paisanos José Manuel Valenzuela López, cuando se subió al ring en diciembre de 2013 siendo alcalde de Angostura, Sinaloa, desafiando la presunta seriedad y el comportamiento que deben seguir los integrantes de la clase política.

Era la segunda vez que, entre risas y aplausos, el Chenel, como se le conoce, hacía esto para recaudar fondos. Como Valenzuela ha habido muchos presidentes municipales que se hacen famosos no tanto por su gestión, sino por sus gustos personales, sus viajes y hasta por sus problemas legales. En suma, por sus escándalos.

Son representativos los casos de los ahora ex alcaldes José Antonio Ríos Granados, “el actor” de Tultitlán; Félix Salgado Macedonio, de Acapulco, famoso por su afición a la motocicleta; Mauricio Fernández Garza, de San Pedro Garza, quien con sus declaraciones en torno al combate a la delincuencia organizada lo hicieron popular; Héctor Murguía, de Ciudad Juárez, que gustaba de cantar y bailar en público; o bien, Eduardo Romero Hicks, de Guanajuato, y César Coll Carabias, de Guadalajara, que prohibieron besos y caricias entre las parejas en público.

Es su peculiar estilo de gobernar. Éste —afirma Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)— es la manera en que un funcionario público cumple con su tarea, la cual se rige por reglamentos.

Sin embargo, la manera en la que lo hace puede variar de acuerdo con la personalidad de cada quien o de lo que su entorno pide. “En ocasiones, la sociedad demanda funcionarios carismáticos, con magnetismo.

Celebramos a quien es pícaro y este estilo personal añade o resta a la evaluación que hacemos de un funcionario”, asegura el también coordinador del libro Instituciones políticas, opinión pública y poderes políticos locales en México.

Sergio Hernández Reyes, coordinador de Agenda Ciudadana (una organización que busca un proyecto de garantía de buen gobierno que fomente la calidad de vida de los habitantes del municipio sustentablemente), subraya que “un político debe ser inteligente para lograr sus objetivos, que son preservar el poder y tener la confianza dentro de su partido, para continuar ocupando cargos públicos.

Hay alcaldes que después se postulan, si dan buenos resultados, para diputados locales y, por ello, deben mantener la popularidad que les permita seguir una carrera política”.

Para César Rentería, investigador asociado de la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), lo que observamos en los alcaldes envueltos en el escándalo no cae dentro de la conceptualización de un «estilo de gobernar», sino en la transgresión de ciertos valores sociales o ciertos lineamientos institucionales que ponen en serio cuestionamiento a los gobernantes ante la opinión pública.

El también maestro en Administración y Políticas por el CIDE menciona que un alcalde debe sujetar su visión y sus gustos particulares a la institucionalidad que su cargo exige. “Por tanto, se espera que no exprese opiniones personales que comprometan la postura oficial de su gobierno; además, debe estar consciente de que sus palabras o acciones representan a la sociedad que lo eligió”, asevera.

El alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, opina diferente: «Un político no debe ser necesariamente serio si su personalidad no es así. La no seriedad no significa falta de respeto y de profesionalismo o deshonestidad. Hay políticos alegres, abiertos y quizá por ello ganan elecciones».

Son seres humanos

Sobre los escándalos personales, el académico del CIDE dice que si a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, le gusta bailar y va al antro en su tiempo libre, no es un gran problema. Éste ocurre cuando la transgresión es sobre un valor fuertemente arraigado; por ejemplo un escándalo sexual, de consumo de drogas o de asociación con criminales. Es decir, el comportamiento de un alcalde no debe transgredir valores o normas sociales muy importantes, a riesgo de denigrar su imagen política, explica Rentería.

Con respecto a casos como el de Ríos Granados, apodado el alcalde actor, “no se trata de un estilo polémico de gobernar, sino de malversación de fondos. Este delito y el abuso de poder están asociados a gustos personales que nada tienen que ver con el ejercicio del gobierno. No se puede hacer uso del poder político —como Silvano Abarca, presidente municipal de Rosarito, Baja California, acusado de contratar sólo a secretarias bonitas para el ayuntamiento— o de los recursos públicos para satisfacer gustos personales.

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Alcaldes, PelículaEsto se extiende no sólo a la adquisición de bienes, sino a viajes como el caso de Sixto Zetina, de Irapuato, quien mientras dicha ciudad enfrentaba contingencias provocadas por las lluvias, realizó un viaje por Rusia. Se recuerdan también las fotos que presumió en las que aparecía en el Staples Center, viendo a los Lakers de Los Ángeles.

Todos estos casos tienen consecuencias legales y no se trata simplemente de un tema de imagen, advierte César Rentería.

Al respecto, Mauricio Trejo dice que «antes de ser alcaldes somos seres humanos y cada uno tiene su personalidad, pero a veces falta sentido común en algunos gobernantes. Todos tenemos derecho a ir a ver al equipo que nos guste, pero no con recursos públicos. Eso es deshonesto. No veo mal que a un alcalde joven le guste ir a bailar a un centro nocturno y que tenga un comportamiento ético en un lugar como ése. Si lo vemos arriba de la mesa, ya es una falta de respeto. El sentido común y la honestidad son obligadas para todos los alcaldes», advierte.

¿Qué tanto inciden estos comportamientos en las decisiones de gobierno? Sergio Hernández Reyes menciona que el estilo de gobernar define cómo se organiza un gobierno municipal. En tanto que Loza asegura que en algunos casos sí influye, porque puede implicar ciertas preferencias en relación con el tipo de obra pública que se autoriza. «Uno supondría que quien tiene una gran afición por el deporte, podría tender a priorizar la inversión en asuntos que tengan que ver con el deporte», indica.

«Hay quienes son conservadores y su administración —puntualiza el alcalde de San Miguel de Allende— será igual. Hay personalidades que creen en romper paradigmas y su gestión será muy activa, con proyectos e ideas nuevas. Habrá personas irresponsables, sin sentido común, sin proyecto a largo plazo y ello se reflejará en un municipio sin planeación y poco promovido. La personalidad se ve reflejada en la manera de gobernar.»

Actitudes rentables

José Octavio Acosta, secretario de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales (Iglom), menciona que en modelos clientelares, los políticos “adoptan” estilos que consideran políticamente más rentables y que están asociados a la cultura política existente en la sociedad. Es decir, a menor cultura política, pesa más asumir comportamientos supuestamente deseados por la población, asevera y añade que a mayor cultura política pesan más los resultados que los estilos.

Una sociedad políticamente madura —continúa Acosta— no debería permitir la simulación, pero los medios de comunicación valoran más el estilo de vestimenta, las características físicas de la persona (si son guapos o no), su forma de hablar, etcétera. Y sucede que cuando no se tiene capacidad, se pretende simular un determinado estilo, con el pretexto de que a los ciudadanos les gusta.

Al respecto, Nicolás Loza subraya que una característica del periodismo en economías de mercado como la nuestra, es que el periodista busca notas negativas y rosas, porque eso vende. Un político que protagoniza una historia de amor es muy atractivo para los medios, pero esto no quiere decir que si esa historia no estuviera allí, cubrirían el asunto sustantivo de su gestión; tal vez podrían ignorarla.

El dilema real de un alcalde —precisa el investigador de Flacso— «no es si aparece en los medios por su estilo de gobernar o por su vida privada a cambio de que no se atienda lo sustantivo de su gestión. Ese dilema los medios no lo resuelven. Lo que éstos hacen es decir: aquí hay un político atractivo porque baila cumbia. Y si no es atractivo, eso no significa que los medios van a ver cómo está su cuenta pública».

Los alcaldes que aparecen en los medios por sus escándalos —subraya, por su parte, Mauricio Trejo— tienen malos resultados en sus municipios; por ejemplo, con Félix Salgado Macedonio vimos un Acapulco destruido, con una sociedad dividida y sectores productivos confrontados con el gobierno del puerto.

Mientras como sociedad no avancemos en nuestra participación y nuestra responsabilidad, seguiremos poniendo mucha atención en motos, peinados, vestidos, trajes o canciones, apunta José Octavio Acosta.

«El gran desafío de la política y las democracias no es tener gobernantes ‘perfectos’. De hecho éstos no existen. El reto es construir instituciones de Estado, donde los ‘estilos’, sean simplemente eso: diferentes estilos; sin embargo, no serán éstos los que determinen la forma del gobierno. Seguramente hay políticos más o menos exhibicionistas; con más o menos facilidad de palabra; con determinadas preferencias sexuales, religiosas, artísticas, culturales, académicas, etcétera, pero en una democracia no debiera ser eso lo que determina el quehacer gubernamental, concluye Acosta.

Jóvenes, el presente de México pero sin futuro

Jóvenes, Encuesta, FuturoLa aprobación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sigue en descenso. De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por Testa Marketing en el mes de julio, 7 de cada 10 personas expresaron estar en desacuerdo con la administración del mandatario, mientras que únicamente 17 por ciento lo aprueba.

Asimismo, 75.25 por ciento de los ciudadanos encuestados piensan que el rumbo que lleva el país, en lo general, es incorrecto. Únicamente 17.3 por ciento considera que el camino es el correcto.

El presente del país

El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud. En este marco, la mayoría de los ciudadanos encuestados (54.87 por ciento) sostiene que los jóvenes son el presente de México, mientras que cerca de la cuarta parte (24.25 por ciento) piensa que son el futuro del país.

Sin embargo, los mexicanos no estan convencidos de que los jóvenes puedan gozar de un futuro exitoso, ya que casi la mitad de los consultados (47.63 por ciento) asegura que tienen un futuro con muchas posibilidades de fracaso, y 51.63 por ciento opina que tienen muchas posibilidades de éxito.

Uno de los aspectos que más le preocupan a la sociedad sobre sus jóvenes es la sexualidad. La tercera parte de los consultados (31.1 por ciento) asegura que la principal problemática que
enfrentan es de tipo sexual, mientras que 24 por ciento cree que tiene que ver con la falta de espacios para la educación.

En tanto, 21.5 por ciento de las personas consultadas opina que el principal problema son las pocas oportunidades laborales, y 18 por ciento de los ciudadanos considera que son los problemas relacionados con las drogas.

En cuanto a las acciones que los gobiernos deben poner en marcha para que haya más jóvenes con oportunidades de éxito, 36.6 por ciento de las personas encuestadas apunta que la más importante consiste en implementar campañas contra las adicciones, mientras que 17 por ciento cree que la mejor acción sería ofrecer más espacios deportivos o culturales.

Encuesta, Jóvenes, Futuro

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Encuesta, Jóvenes, Futuro

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Educación conservadora

Dos de cada cinco personas (41.3 por ciento) considera que la familia es la principal responsable de solucionar los problemas que enfrentan los jóvenes; 17.38 por ciento respondió que es el gobierno, y 13.75 por ciento opina que la escuela es quien debe resolver los problemas de la juventud.

Sobre la educación sexual en México, 61.26 por ciento de los ciudadanos encuestados afirma que es conservadora; de éstos, 40 por ciento asegura que la orientación sexual debería ser más liberal, mientras que el resto opina que debería permanecer tal como está.

Asimismo, 38.76 por ciento de los encuestados considera que la educación sexual hoy día es liberal; no obstante, tres cuartas partes de estos ciudadanos creen que debería ser más conservadora, y el resto sostiene que debería permanecer liberal.

Se realizaron 800 entrevistas exitosas, distribuidas entre las principales ciudades de los 31 estados del país y el Distrito Federal, las cuales se realizaron mediante entrevista telefónica al azar. Con la muestra obtenida se obtiene 95% nivel de confianza y ±3.46 margen de error, lo que significa que podemos estar 95% seguros de que los valores poblaciones se encuentran entre ±3.46% de los valores encontrados en la muestra.

Deudas heredadas frenan proyectos de infraestructura

Deudas, Proyectos, InfraestructuraLa erogación del gasto público en los gobiernos municipales de México es, por lo general, desigual. Mientras el corriente se ejecuta de manera anticipada con respecto a lo programado, el de capital presenta rezagos que se reflejan en la ejecución de proyectos de infraestructura.

De acuerdo con especialistas consultados, históricamente el gasto corriente, que representa alrededor de 80 por ciento de las partidas presupuestales en las administraciones locales, siempre va un paso adelante de lo calendarizado en el Presupuesto de Egresos, debido a los “hoyos fiscales” que van dejando los presidentes municipales a sus sucesores.

El gasto corriente comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales como desembolsos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social y gastos financieros, entre otros.

“A esta altura del año, la erogación corriente debiera llevar un avance cercano a 50 por ciento; sin embargo, en la mayor parte de los municipios, incluso en los estados y en la propia Federación, debe llevar una ejecución mayor, que puede ser de entre 70 y 80 por ciento”, comenta Carlos González Barragán, director Ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Claro —acota—, no es regla en todos los ayuntamientos, pero sí en el grueso de ellos, al menos en 80 por ciento, de los 2,445 que existen en la República Mexicana.

Vicios administrativos

Cuando un alcalde toma las riendas de un municipio parte de una bolsa de recursos para operar en el año; no obstante, no cuenta con todos los pasivos que dejó la administración saliente, los cuales, al final de cuentas, restarán margen de maniobra a su operatividad.

Hay ayuntamientos donde el servicio de deuda (pago de intereses más capital) es la totalidad que reciben de participaciones, “entonces, ¿con qué pagas todos los gastos operativos?”, comenta.

“Llega enero y dicen: tengo 100 pesos para este año, pero debo pagar la deuda de los aguinaldos del año anterior, de los vales de despensa, de la celebración decembrina, de gastos de último momento y de una larga lista que sólo te deja 80 pesos. Los gastas poco a poco, pero llega septiembre, octubre y ya no tienes liquidez, entonces, vuelves a endeudarte. Ese es el cuento que parece se repetirá y nunca terminará”, explica.

Tanto González Barragán como el director de la Licenciatura en Administración Financiera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Oliver Ambía López, consideran que es necesario regular la operación de las administraciones municipales para evitar esos problemas.

“Tres años de gobierno son razonables para un ayuntamiento, pero lamentablemente no se emplean de manera eficiente”, dice Ambía López.

En su opinión, hay un tema clave que se debe atacar: la profesionalización de los servidores públicos: “No es posible tener de encargado de las finanzas de un ayuntamiento al amigo, al compadre o al hermano; se requieren personas capaces, que sepan manejar los temas y responder en los momentos necesarios”.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jesús Sánchez Arciniega, considera que lo ideal es poner candados al endeudamiento, de tal manera que un alcalde liquide los pasivos que adquirió en su administración antes de que culmine su periodo. “Esto ayudaría a que los alcaldes entren limpios, sin cargas financieras que ellos no contrajeron y, lo más importante, con un margen de maniobra más holgado”, considera.

Gasto de inversión

La inversión de capital, que representa 20 por ciento del presupuesto asignado, es totalmente contraria al gasto corriente. De acuerdo con los especialistas, este segmento termina por ser el más sacrificado, a pesar de la importancia que tiene en el crecimiento económico, articularmente en la generación de empleos.

El gasto de inversión se asigna a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del gobierno.

En este rubro se incorporan la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y puentes, por mencionar algunos. “Estamos en junio, el gasto de capital debería llevar una aplicación también cercana a 50 por ciento; sin embargo, históricamente no ocurre así. El avance debe ser de entre 30 y 40 por ciento, incluso menor”, comenta González Barragán.

De acuerdo con Benjamín Cárdenas, presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), hasta el momento se ha ejercido 30 por ciento del presupuesto para obras públicas, cuando en el mismo periodo del año anterior el avance era de
36 por ciento.

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“Las obras públicas son el problema de siempre. No se desarrollan en tiempo y forma. Todos tienen su cartita a Santa Claus, pero en eso se quedan, en buenas intenciones que no se concretan”, manifiesta González Barragán. A ello hay que añadirle que la economía nacional no pasa por un buen momento, lo que se refleja en la debilidad que el sector constructor viene registrando desde el año pasado.

Capacitación prioritaria

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de la producción en la industria cayó 3.58 por ciento en 2013. Sin embargo, hubo siete entidades que registraron una contracción superior a 20 por ciento. Se trata de Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán.

En opinión de Ambía López, hay varios factores que causan este rezago. Entre ellos está el retraso de los recursos por parte de la Federación, el hecho de que las partidas entregadas muchas veces se quedan cortas con respecto a las programadas, la falta de conocimiento de los programas por parte de las administraciones locales y el ingreso tardío de proyectos por parte
de las autoridades.

“No toda la culpa es del Gobierno Federal, hay cosas que se deben pulir desde los municipios, es, de hecho, donde se debería de empezar para darle fluidez a estos recursos”, comenta.

Desarrollo heterogéneo

Los especialistas coinciden en que el impacto del gasto no es igual en los 2,445 municipios que hay en el país. De acuerdo con el investigador del ITESM, al menos 75 de cada 100 ayuntamientos están en quiebra técnica, lo cual los hace dependientes de los recursos federales: participaciones (Ramo 28) y los diversos fondos (Ramos 33).

Esa situación —dice— nos lleva al mismo tema de siempre: reforzar la recaudación propia, la cual no es ni 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, ya que, en promedio, alrededor de 90 por ciento de los recursos que erogan los ayuntamientos provienen de la Federación.

Deudas, Heredadas, Gráfica

Ciudades abandonadas a su suerte

Ciudades, Abandonadas, Viviendas“Compra una casa y encontrarás allí la desgracia”, frase que se ha vuelto popular dentro del municipio de San Fernando, Tamaulipas, uno de los estados más afectados por la presencia del narcotráfico y víctima de un desmedido número de expedición de licencias de construcción. Este ayuntamiento es un fiel reflejo de lo que está pasando al interior de algunas entidades federativas como Chihuahua, Durango, Sonora, Jalisco, Michoacán y el Estado de México, donde sus gobernantes no pudieron combatir la inseguridad o les permitieron a constructoras “edificar de 2 a 5 mil viviendas en serie, en municipios alejados de la ciudad que no cuentan con servicios”.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que nació con esta nueva administración federal, cita en sus documentos que la construcción de esas casas en línea, además generan una afectación psicológica, pues todas son iguales, “no cuentan con buena iluminación, espacios recreativos, escuelas o transporte público”.

Advierte que cuando tomaron el timón no existía un reglamento que obligara a las inmobiliarias a edificar viviendas con un esquema de planificación. Mucho menos existía una política encaminada a detener el abandono de viviendas por lejanía y carencia de servicios públicos.

El problema no es menor en el país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) afirma que existen 5 millones de casas abandonadas en todo el territorio y el déficit de vivienda asciende a 9 millones.

Daniel Ríos Ávila, director de Consultoría de Sucesiones y Administración de Cartera, asegura que la perspectiva de vivienda abandonada a nivel nacional se debe principalmente a la falta de planeación en su desarrollo y al otorgamiento desmedido de créditos para su construcción.

“A las hipotecarias les dejaron las manos libres para otorgar créditos a quienes quisieran construir, y como reciben una comisión por cada crédito que colocan, en realidad no les importó si los fraccionamientos cumplían con las expectativas o necesidades de los trabajadores.”

“Asimismo, ni la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), ni los gobiernos estatales y municipales tuvieron el interés en generar criterios de construcción y crecimiento urbano. Ante la falta de servicios públicos como agua potable, electricidad y drenaje, así como altos costos del transporte público, sólo dejaron grandes manchas de fraccionamientos deshabitados que se han convertido en refugios para la delincuencia.”

Actualmente ni la SHF, el Infonavit, ni los mismos intermediarios financieros han podido recuperar las casas abandonadas por sus propietarios, “que al no ser localizados, no hay a quién notificar la demanda para iniciar el trámite de recuperación para volverlas a colocar en el mercado”.

A este problema se suma que los procedimientos de recuperación de vivienda tardan hasta tres años, debido a que entre el 70 y 80% se tramitan en el Distrito Federal, pese a que los inmuebles se encuentren en diferentes estados del país, y mientras tanto ni la SHF, el Infonavit o Fovissste invierten en vigilancia para preservarlos.

“Ese es uno de los principales motivos por los que existen muchas casas en abandono y, lo que es peor, son desvalijadas, invadidas o tomadas por líderes de organizaciones sociales para rentarlas a sabiendas de que los inmuebles pertenecen a los programas de vivienda del gobierno”, dice Daniel Ríos.

Este problema no se generó con la llegada de la nueva administración, pero sí se agudizó el primer año de operación del presidente Enrique Peña Nieto, que tardó más de 12 meses en dar a conocer las nuevas reglas del juego para los desarrolladores y empresarios involucrados en el sector.

Las vivienderas no soportaron este tiempo de espera y sus resultados financieros se agudizaron y se reflejaron en el bajo nivel en que se encontraba el precio de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Ciudades, Abandonadas

Recordemos que de las 140 empresas mexicanas que cotizan sus acciones en la BMV, seis son empresas constructoras de vivienda —Corporación Geo (GEO), Urbi Desarrollos Urbanos (URBI), Desarrolladora Homex (HOMEX), Sare Holding (SARE), Consorcio Ara (ARA) y Consorcio Hogar (HOGAR)— y tres de ellas forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV, indicador que reúne a las 35 acciones más representativas por volumen negociado.

Cotizar en la BMV les permite a las empresas captar recursos financieros de inversionistas privados e institucionales, como son sociedades de inversión, bancos, afores, y que cumplen con varias funciones importantes para la actividad financiera de un país.

Pero en el primer trimestre de 2013 los estados financieros de las seis compañías que cotizan sus acciones en la BMW reportaron resultados negativos. Los ingresos por venta de estos corporativos en conjunto habían caído 48% con respecto al mismo periodo del año pasado y 53% con respecto al trimestre anterior, el último de 2012.

Enrique Peña Nieto tomó cartas en el asunto y al asumir la Presidencia dejó al frente del sector a Jorge Carlos Ramírez Marín, político yucateco priista que se distingue por su capacidad de negociación y quien desde el arranque del sexenio ocupa la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Para este político la tarea no fue fácil, primero había que tener el diagnóstico del problema real de la vivienda, en el que a simple vista había sobreoferta, pero con créditos impagables y con construcciones desmedidas en las orillas de las ciudades.

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Los analistas insistían en que esta debacle se debió a dos situaciones: les afectó el reordenamiento de la mancha urbana; es decir, las constructoras ya no podrán construir casas en zonas geográficas que no sean parte de dicho plan urbano.

La segunda causa que refieren los analistas es el excesivo apalancamiento de las empresas constructoras. Es decir que de cada peso que tenían las empresas constructoras en sus activos, 0.70 era financiado con deuda de corto o mediano plazo, mientras que sólo 0.30 era adquirido por aportación de los accionistas. En la reconformación del sector Jorge Carlos Ramírez reconoce que los desafíos del sector están en:

1) Fortalecer el crédito para vivienda, para lo cual el Infonavit, Fovissste, Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la Comisión Nacional de Vivienda tendrán que implementar el verdadero financiamiento en el país.

Pero para ser más claros, la meta es que durante este año, la inversión destinada a créditos hipotecarios individuales aumentará de 255 mil a 301 mil millones de pesos (mdp), monto 18% superior al del año anterior.

2) Mayores subsidios para la vivienda. El monto para este rubro crecerá 50% al pasar de 8 mil a 12 mil mdp. Ramírez Marín recordó que hasta hoy sólo tienen acceso a este apoyo los trabajadores que ganan menos de 2.5 salarios mínimos y se ampliará la cobertura de este beneficio, para lo cual es necesario que reciban este beneficio quienes ganan menos de cinco salarios mínimos.

3) Se crearán nuevos programas e instrumentos de financiamiento hipotecario. Habrá créditos para trabajadores estatales y municipales, se impulsarán los cofinanciamientos Infonavit-Fovissste, se facilitará el acceso a una segunda hipoteca, habrá financiamiento y subsidio para vivienda en renta, se otorgarán préstamos para ampliación y remodelación de espacios habitacionales, entre otras iniciativas.

4) Se seguirá avanzando en la transformación institucional del sector a fin de asegurar la eficacia de la Política Nacional de Vivienda.

La respuesta

Para Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, comprar una casa es el sueño de al menos 47% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años, de acuerdo con una encuesta de la UNAM. El problema no es menor cuando hablamos de más de 5 millones de viviendas abandonadas o en condiciones de deterioro.

Tan sólo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con más de 200 mil casas en esta condición, es decir, 5 de cada 10 inmuebles se encuentran en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, que además cuentan con flujos migratorios importantes.

En el centro del país, los municipios más representativos son Cuatitlán, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Tecamac y el Valle de Texcoco. En la mayoría de estos casos los usuarios prefieren pagar una renta en el Distrito Federal y no trasladarse hasta por más de seis horas diarias a sus centros laborales.

En el caso de Oaxaca las desarrolladoras tienen poco interés por los nulos apoyos que han recibido por parte del gobierno estatal. En Huajuapan tiene más de 10 años que no se ha instrumentado algún proyecto de estas características, lo cual representa un problema mayúsculo.

Fernando Soto-Hay asegura que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Sedatu, deberá diseñar una estrategia con una serie de acciones transversales que incentiven el acceso al crédito a la vivienda como mecanismo idóneo para la clase media y baja, y una serie de estímulos para que los morosos no pierdan su patrimonio.

De la misma manera, los demás órdenes de gobierno deberán trabajar para superar la falta de servicios y seguridad que obligaron a los habitantes a abandonar sus casas.

Añade que cuando hay construcciones que no entran dentro de un plan urbano, y que no están debidamente preparadas para enfrentar incendios o sismos, por la falta de accesos, se pone en riesgo a la población, pero “es un tema que ocurre a vista y paciencia de la autoridad y lo complejo es que ésta hace caso omiso y eso es algo que se ha transformado en costumbre en la planificación territorial”. A su juicio, los presidentes municipales deben evitar que las personas se instalen en zonas de riesgo.

Para Alejandro Ruiz, socio líder de la industria de la Construcción de KPMG México, el reto de los desarrolladores y presidentes municipales es construir casas que la gente “quiera comprar, seleccionar reservas territoriales con perspectivas de éxito; y para abaratar la vivienda, disminuir los costos de permisos de construcción”.

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