Aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe en la actualidad. Abarcan una población muy heterogénea, pero comparten una historia común de invisibilidad y exclusión. Lo más fuerte detrás de esta exclusión, es que está tan enraizada en nuestras instituciones y en nuestra vida diaria, que se ha vuelto invisible, señalaron Anna Wellenstein, Regional Director, Latin America and the Caribbean, Sustainable Development Practice Group y Maria Elena García Mora Especialista sénior, Inclusión y Sustentabilidad Social del Banco Mundial.

Rompamos las barreras de la discapacidad. Imagen: Placebo/Banco Mundial

En reporte regional “Inclusión de Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe: Un Camino para el Desarrollo Sostenible”, el Banco Mundial hace un llamado a los gobiernos, a los parlamentarios, a los maestros, a los empleadores, y a cada persona en nuestra región a romper barreras. “Porque ya no podemos seguir dejando atrás a esas 85 millones de personas con discapacidad”, señalaron las especialistas.

Refieren que un 15% de los niños con discapacidad entre 6 y 12 años están fuera de la escuela. Muchos de los que asisten al salón de clases van a escuelas especializadas, segregadas del resto. Algunos se quedan en casa porque el estigma asociado a la discapacidad despierta el temor de los padres a que los discriminen o porque simplemente creen que no podrán aprender. En México, por ejemplo, alrededor de 4 de cada 10 personas con discapacidad (de 15 años o más) reportaron que nunca fueron a la escuela porque sus padres no lo consideraron necesario. Así comienza, desde la infancia un mundo paralelo en donde los niños con discapacidad comienzan una vida invisible.

Rompiendo Barreras

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La invisibilidad, explican las expertas, continúa en los espacios públicos inaccesibles, donde no hay personas con discapacidad usando el transporte público, disfrutando de los parques, circulando por las aceras, o visitando los museos. Y tampoco se les ve en los espacios de diálogo y toma de decisiones, en donde su invisibilidad surge de la negación de la capacidad jurídica y la falta de canales de participación accesibles.

“Con el tiempo, esta invisibilidad forzada por estas innumerables barreras puede normalizar la idea de que las personas con discapacidad no pueden trabajar, ir a la escuela, tomar decisiones  o transitar las ciudades en igualdad de condiciones”, remarcan.

Para destruir dichas barreras, las especialistas recomiendan:

Primero, mejorando el diagnóstico. Los gobiernos deben continuar mejorando la recolección y análisis de datos desagregados, iniciando con la ronda de censos del 2020 asegurando la adopción de los estándares internacionales como el Grupo de Washington y eliminando todo lenguaje estigmatizante.

Segundo, fortaleciendo la voz y participación de las personas con discapacidad. Los parlamentarios deben eliminar las restricciones legales a la capacidad jurídica y reconocer el derecho al consentimiento libre e informado para el acceso a servicios de salud. Las organizaciones de las personas con discapacidad son actores claves y expertos en el tema.

Tercero, mejorando la accesibilidad del transporte, espacios públicos, y las escuelas; conscientes que esto no solo beneficia a las personas con discapacidad sino a todos los ciudadanos.

Y finalmente, combatiendo nuestros propios prejuicios para acabar con el estigma y la discriminación.

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