La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, refiere que la intención de las reformas a la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es combatir la corrupción y sus redes, así como las prácticas indebidas.
Foto: Gobierno de México.
Propuestas de modificación a la Ley del Infonavit
Se plantea establecer que la ley tiene por objeto regular la administración, la organización, operación, desarrollo, control, vigilancia y rendición de cuentas del Instituto, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones.
Respecto al desarrollo del Infonavit como constructor de vivienda, mediante una empresa filial, indica que los recursos propios del Instituto y los que tenga bajo su administración estarán destinados a adquirir suelo e inmuebles, construir vivienda para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social.
El gasto de administración de la empresa filial será parte del presupuesto de operación aprobado cada año para el organismo, el cual no deberá exceder el 0.55 por ciento de los activos totales que se administren.
Se regula la figura del arrendamiento social, estableciendo el derecho para que la persona derechohabiente, luego de un año de cotizar continuamente, pueda participar en el programa de arrendamiento social, a efecto de invertir sus recursos en la construcción de vivienda, para que la persona trabajadora pueda adquirirla. Establece que la mensualidad de cada renta no podrá exceder al 30 por ciento de su salario.
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Se fortalece la operación y gobernanza institucional del Infonavit, ya que reformula la integración tripartita, reduciendo el número de integrantes para la Asamblea General del Instituto, de 45 a 30, y para el Consejo de Administración de 15 a 12, manteniendo la representación tripartita.
La Comisión de Vigilancia estará integrada por cinco representantes del Gobierno Federal, dos del sector laboral y dos del empleador. En tanto, el Comité de Auditoría tripartita tendrá tres del Gobierno Federal, uno del sector trabajador y uno del empresarial, así como del Comité de Transparencia, con la intención de fortalecer la representación del Gobierno de México en la toma de decisiones al interior.
Se prevé la exclusión del Infonavit de las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitirá reglas prudenciales para el manejo del balance del organismo y podrá solicitar información o aclaración sobre contabilidad de estados financieros. El 30 de mayo de cada año, el Infonavit deberá rendir un informe al Congreso de la Unión.
Retos de la ciudadanía con esta ley
En entrevista para Alcaldes de México, Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México sostuvo que, estos cambios van en contra de la transparencia del manejo de los recursos de las y los trabajadores.
“Por eso es que hubo tanta inconformidad, molestia, expectativa e incertidumbre. Sin embargo, gracias a todo ese movimiento, la mayoría de las partes involucradas, sindicatos, agrupaciones patronales y profesionales, como el Consejo de Contadores Públicos de México, hicimos el análisis de que esta propuesta no es correcta”, mencionó Ríos Hernández.
La especialista, reconoció que gracias a toda la difusión de esta noticia, se dijo que hasta febrero se va a analizar, “esperemos que sí se analice y que haya parlamento abierto, con participación de todos los sectores, no solo el gobierno”. Virginia Ríos señaló que, todos los trabajadores del país, y las personas en general, deben estar pendientes de estos proyectos de reformas que afectan a la población, a la clase trabajadora, al entorno familiar y a la sociedad.
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