En su reunión conjunta, las Comisiones de Puntos Constitucionales, Bienestar y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, para otorgar apoyos sociales a la población vulnerable, y garantizarles un estándar mínimo de vida y desarrollo.

    

Foto: Senado de la República.

Los órganos legislativos que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina, Andrea Chávez Treviño y Enrique Inzunza Cázarez, respectivamente, avalaron sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado, con 39 votos a favor.    

El dictamen establece el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada. Además, se suscribe que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, mientras que, a todas las personas mayores de 65, les corresponderá una pensión no contributiva de adultos mayores.    

También se indica que el Estado deberá garantizar la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años; se destinarán anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para asegurar los derechos establecidos en este artículo, por lo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido.

Asimismo, el Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala.    

En el documento, resalta que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.    

Durante su participación, Raúl Morón Orozco (Morena) afirmó que el proyecto otorgará más acceso a la justicia social, principalmente para aquellos grupos que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, ya que obliga al Estado a garantizar estados de bienestar para las mexicanas y mexicanos adultos mayores, con alguna discapacidad, campesinos y pescadores.    

Ricardo Anaya Cortés del PAN, expresó que las reformas, efectivamente representan un acto de justicia social, “pero debemos tener claro que eventualmente necesitamos caminar” hacía un sistema de seguridad social universal, porque lo ideal es que todas y todos los mexicanos tengan acceso a los mismos derechos.

Mientras que, Amalia García Medina de Movimiento Ciudadano, consideró que México requiere de un Estado de bienestar que garantice los derechos de todas las personas, y no de un gobierno que otorgue recursos, programas o políticas públicas con una visión “clientelar o de filantropía”.

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