La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), evitará que los servidores públicos utilicen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas antes y durante la jornada electoral de este 2 de junio.
Foto: FISEL.
El titular de la FISEL, José Agustín Ortiz Pinchetti, en reunión con funcionarios públicos dijo que debe evitarse que cualquier servidor público utilice los recursos de las instituciones federales con fines político-electorales y con ello generar inequidad en la contienda.
Entre las acciones de blindaje, pidió al personal de la FISEL verificar que al interior y exterior de los edificios de gobierno no haya propaganda partidista y que los espacios no sean utilizados como puntos de reunión ciudadana con fines políticos-electorales.
Ortiz Pinchetti, advirtió que los servidores públicos que permitan o usen los recursos y bienes del Estado para favorecer alguna opción política, cometen un delito electoral, por lo que podrían ser sancionados con hasta nueve años de prisión, multas de hasta 400 días y destitución e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos.
De manera previa, la FISEL realizó acciones en materia electoral, como cursos de capacitación, distribución de materiales alusivos al blindaje electoral, además de mensajes en los recibos de pago de los servidores públicos para que, en caso de detectar un delito electoral, lo denuncien en los Sistemas de Atención de FISENET.
Entre los cursos dirigidos a los funcionarios, se destaca el de “Prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas”, que se impartió mediante diversas plataformas, como las del Sistema de Capacitación para Servidores Públicos (SICAVISP), de la Secretaría de la Función Pública; MéxicoX, de la Secretaría de Educación Pública; formación profesional de la Fiscalía General de la República; y en la plataforma educativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De septiembre de 2023 a abril de 2024, la FISEL capacitó a 154 mil 119 servidores públicos pertenecientes a diversas entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, como parte de una estrategia para que conocieran las conductas ilícitas que contempla la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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