Por Martha Palma Montes.
Alcaldes de México | 10 de agosto de 2022.- En el seminario web “Blindaje para servidores públicos”, los especialistas del despacho jurídico Martínez Ocampo y Chávez Vaca, explicaron cómo los manuales de cumplimiento normativo, Compliance, protegen a los servidores públicos contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones.
Fotos: Alcaldes de México
En México, los servidores públicos están obligados a respetar la Constitución y cumplir con los tratados internacionales que el país ha firmado en materia anticorrupción, a fin de no incurrir en delitos en la materia.
A partir de las reforma constitucional de 2019, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa aplica a los servidores públicos imputados por el delito de corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, como es el uso de programas sociales con fines electorales, cohecho, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, entre otros.
“Antes, la prisión preventiva solo se consideraba para los delitos de alto impacto como secuestro, delincuencia organizada y homicidio doloso, ahora también aplica en materia de corrupción”, explicó Marco Chávez Vaca, socio de Martínez Ocampo y Chávez Vaca.
Cuando un servidor público no es responsable de la conducta que se le está imputando, pero el juez de control determina cierta probabilidad, la duda razonable opera hasta la sentencia definitiva, en tanto, el servidor público estará privado de la libertad sin que pueda cambiar la medida cautelar de prisión preventiva, agregó.
“En México, la vinculación a proceso tiene un estándar aprobatorio mínimo, solo requiere rendir declaración, formular imputación y dar cuenta de la investigación por un juez de control; el proceso se lleva en una cárcel, lo que es sumamente difícil para los servidores públicos”.
Ante este contexto, recordó la importancia del cumplimiento normativo “Compliance”, que en el ámbito gubernamental, representa la transición del poder de forma ordenada, dando claridad a la rendición de cuentas durante los cambios de administración, evitando así incurrir en delitos de corrupción por acción u omisión.
Vigilancia, prevención y detección de riesgos
En su intervención, Jorge Martínez Ocampo, socio director de Martínez Ocampo y Chávez Vaca, dijo que el compliance gubernamental es el cumplimiento de la normatividad para prevenir y detectar riesgos de corrupción. Su finalidad es generar una cultura basada en la integridad y gestión responsable, además, contribuye a una mejor toma de decisiones.
“Del compliance se han derivado nuevas normas como las de Organización Internacional de Normalización (ISO), presentes en más de 200 países, cuyo objetivo es promover el uso de estándares internacionales en calidad, seguridad y responsabilidad social”.
Mencionó que detectar riesgos en las concesiones es fundamental para asegurar la correcta gestión de los bienes del Estado, por ejemplo en la gestión de residuos sólidos o la explotación de minas.
“Las concesiones son muy importantes porque inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, en cuestiones que son responsabilidad del estado mexicano. Son necesarios protocolos de revisión y vigilancia que aseguren que las concesiones han sido otorgadas con apego a los lineamientos legales y principios éticos.
Blindaje de gestión
Jorge Martínez explicó en qué consisten las auditorias y la fiscalización, como elementos de blindaje contra delitos de corrupción en la administración pública.
Las auditorias previenen la exposición a procesos legales y corrigen errores que pongan en riesgo el funcionamiento de un ente gubernamental. Permiten demostrar la transparencia en el funcionamiento de todas las áreas para identificar deficiencias y posibles errores.
La autoridad correspondiente revisa que el ejercicio de los recursos públicos sea con base en la ley y los principios de eficiencia, eficacia y economía.
La fiscalización se realiza al término cada ejercicio fiscal, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de Función Pública (SFP), consiste en estudios minuciosos de egresos, ingresos, trasparencia de fondos, donaciones y deuda pública, con estricto apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la federación.
La fiscalización analiza, estudia y aporta pruebas para garantizar que las actividades se realicen dentro de la legalidad. Su objetivo es mejorar la gestión del gobierno, el uso eficiente de los recursos públicos y el combate a la corrupción.
Principalmente, busca evitar la evasión de impuestos, mediante el análisis de los ingresos de una persona jurídica, omisión, egresos, plazos, conflictos de interés y los bienes que se encuentren a su nombre.
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